Imagen de archivo. Un hombre pasa junto a un mural que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, antes de la ceremonia de juramentación tras ser reelegido para un cuarto mandato consecutivo, en Managua, Nicaragua. 7 de enero de 2022. REUTERS / Maynor ValenzuelaWASHINGTON/BRUSELAS, 10 ene (Reuters) – Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el lunes, en una acción coordinada, nuevas sanciones contra funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense, ligadas a las elecciones de noviembre, pocas horas antes de que Daniel Ortega sea investido presidente por cuarta ocasión consecutiva.El Departamento del Tesoro estadounidense dijo en un comunicado que sancionó a varios funcionarios nicaragüenses, entre ellos el ministro de Defensa, por acusaciones de actos de violencia del Estado, desinformación y ataques a medios independientes.La acción apuntó también a personal del Ejército, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y la estatal Empresa Nicaragüense de Minas.La Unión Europea incluyó en la lista negra a siete personas más y tres entidades en la nación centroamericana en respuesta a las elecciones presidenciales de noviembre que Bruselas y Washington tildaron de “farsa”, lo que elevó el número de personas sancionadas por el bloque comunitario a 21.”El régimen Ortega-Murillo continúa subyugando la democracia mediante la realización de elecciones simuladas, silenciando a la oposición pacífica y manteniendo a cientos de personas como prisioneras políticas”, dijo el subsecretario estadounidense de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.”Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamamientos para la liberación inmediata de estos presos políticos y el retorno a la democracia”, agregó.La UE detalló que se impusieron nuevas prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a familiares de Ortega, incluida Murillo, así como a la policía, el Consejo Supremo Electoral y la empresa que supervisa los servicios postales y de telecomunicaciones.(Reporte de Daphne Psaledakis y Paul Grant en Washington y Robin Emmott en Bruselas; Editado por Doina Chiacu y Alistair Bell; Traducido por Raúl Cortés Fernández)
