El kirchnerismo tiene dictamen para la ley de blanqueo en el Senado y ya está listo para su debate en el recinto

Reunión plenaria de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en el salón Azul del Senado de la Nación; el 19 de abril de 2022, en Buenos Aires, Argentina. Foto / Comunicación SenadoEl kirchnerismo retomó esta tarde la discusión sobre el proyecto por el cual se busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será conformado con un aporte especial sobre los bienes sin declarar equivalente al 20% de lo fugado y que aumentará al 35% luego de seis meses de aprobada la ley.Con una explicación inicial de las modificaciones que introdujo el oficialismo, y el aviso que hoy se iba a dictaminar, el plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado volvió a discutir el proyecto de ley, que fue presentado por el neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el formoseño José Mayans. Todas espadas del kirchnerismo en la Cámara Alta.Parrilli fue el encargado de explicar las modificaciones y, luego de un entredicho con el senador Martín Lousteau, comenzó señalando que una de las modificaciones es que se deja en claro que “este fondo es para cancelar la deuda con el FMI, la presente y la futura, pero sacamos la posibilidad de que el Ejecutivo la prorrogue”.Asimismo, se cambió la redacción y se amplían las facultades de la AFIP para aplicar esta ley, en especial en la documentación respaldatoria. Respecto de la dependencia que comanda Mercedes Marcó del Pont, se establece que la posibilidad que la AFIP “cobre en efectivo y amplia la posibilidad de hasta 12 cuotas mensuales”.Un punto no menor es que el texto modificado establece que “los bancos son los agentes recaudadores”. Asimismo, si son bancos que están en otras jurisdicciones que no colaboran, se le permitirá que la AFIP “le pueda pedir al Banco Central para que actúe sobre la filial local de esos bancos y se le apliquen las sanciones que prevé la ley, incluso hasta la revocación del permiso para operar”.La norma también tiene modificaciones para la figura del colaborador. Primero, se eleva a 500.000 dólares el monto mínimo para denunciar y la recompensa se establece en 30% en dólares y no está sujeto a Ganancias. Además, se establece que aquel que brinde información falsa con la intención de difamar, comete un delito.“Establecemos que el colaborador tiene que dar una información, que lo copiamos del modelo de los EEUU, veraz, confiable, contundente y sincera. Vamos a crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia, que ya tiene experiencias y programas al respecto, para que se denuncie ahi y no en la AFIP con el fin de resguardar el anonimato. Si el dato es certero y se recauda, la recompensa se gira al Ministerio de Justicia y el escribano general de gobierno, manteniendo el anonimato del colaborador, será quien le paga”, agregaron.Por último, Parrilli explicó que el proyecto de ley releva del deber de confidencialidad “a los bancos, pero no a los contadores y escribanos, ya que estas personas no pueden ser colaboradores”.Noticia en desarrollo

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