El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre casos de corrupción, que sanciona con hasta un millón de euros a las administraciones o las empresas que tomen represalias contra los denunciantes de prácticas corruptas. La norma, que llega con un año de retraso sobre el plazo marcado por la UE, deriva de la directiva europea de filtradores (whistleblowers, en inglés), por la que se obliga a toda la Administración pública y a las empresas de más de 50 trabajadores a tener canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda informar sobre posibles infracciones sin temor a represalias.Seguir leyendo
