El jueves 5 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la realización del juicio derivado de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otros funcionarios por la suscripción de Memorándum de Entendimiento con Irán.La nueva reapertura de esta causa es la secuela absurda de una causa igualmente absurda. La denuncia presentada por Alberto Nisman, en plena feria judicial, fue inicialmente rechazada en lo que hace a su tratamiento en feria por no haber sido acompañada de la correspondiente prueba.Luego fue rechazada por inexistencia de delito en primera instancia, y dicho rechazo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación ordenó que sea archivada. Posteriormente y ordenada la reapertura de la causa Memorándum, un tribunal Oral dispuso la absolución de todos los acusados precisamente por inexistencia de delito. Esto se hizo sin llevar adelante el juicio. La Cámara de Casación dispuso nuevamente la reapertura de la causa y apelada que fuese esa sentencia, la Corte Suprema la confirmó.Dije que la causa es absurda y por ello extiende esa condición a todo cuanto es siquiera rozado por un poder judicial que de a ratos parece haber olvidado lo que aprendió en la Facultad de Derecho y que por el contrario tener fresquísimo lo que aprendió entre pasillos, cabildeos y cafecitos. Veamos algunos detalles para dejar en claro lo absurdo de dicha causa.El delito por el que se pretendió procesar a los imputados es el de traición a la Patria, consignado en el art. 119 de Código Penal, que establece que el mismo se configura “únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro”. Demás está decir que como es obvio requiere que la Nación esté en guerra. Aún tengo en mi memoria los argumentos del derecho penal creativo que solía visitar Claudio Bonadío, cuando pretendió decir que nadie discutiría la Guerra de Malvinas porque la misma no fue declarada por el Congreso, como ordena la Constitución, omitiendo el pequeño detalle que, al momento del conflicto bélico con Gran Bretaña, el Congreso había sido disuelto por la dictadura militar. Pero desde 1983 a esta parte, la Constitución y las leyes han estado vigentes y funcionando el Congreso de la Nación. Cantidad de guerras declaradas desde 1983: cero.Pero finalmente la Cámara de Apelaciones resolvió que la causa se elevara por el delito de encubrimiento. Nuevo ítem inverosímil de la causa Memorándum. Si un tratado constituye un encubrimiento, quien le da naturaleza de ley -esto es materializa el encubrimiento- entonces quienes le dieron al tratado carácter de ley son los encubridores. En este caso, los diputados y senadores que aprobaron el tratado. Cantidad de miembros del Congreso acusados en la causa: cero.El problema de tipicidad de los delitos investigados en la causa Memorándum es tan manifiesto que la Corte pretende sortearlo diciendo que “… la hipótesis delictiva postulada por las acusaciones no se reducía a la suscripción de un tratado internacional, sino que tal circunstancia debía ser valorada en conjunto con las negociaciones realizadas por canales paralelos a los carriles funcionales y que vehiculizaban el fin ilícito sostenido por las acusaciones, consistente en dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes a los que se les atribuye el atentado a la AMIA”. Y debo decirlo con claridad: la presunta existencia de “canales paralelos” ni de casualidad configuran el delito de encubrimiento. El Poder Ejecutivo puede y debe por mandato constitucional encargarse de las relaciones exteriores del país. Si terceros entablan “canales paralelos”, al igual que si lo hace el Poder Ejecutivo, para que esto surta efecto, el tratado debe ser ratificado. Sin tratado con jerarquía de ley no hay acción típica, antijurídica y culpable. Es decir, no hay delito. De hecho, en este caso, ni siquiera hay encubrimiento en grado de tentativa, porque el delito, de haber existido se consumó con la aprobación parlamentaria del tratado y entonces quienes lo cometieron -esto es quienes tenían el dominio el hecho- eran los miembros del Congreso. En la presente causa jamás fueron imputados.Además del insuperable escollo de la falta de tipicidad de delito investigado, también resuena en mi memoria el informe de Interpol del 22 de junio de 2020, que descartaba el levantamiento de las declaradas alertas rojas, y al que la Casación le rechazó su carácter novedoso considerando que el mismo “era conocido por todas las partes desde los albores del proceso, más allá de que se hubiera incorporado cuando la causa tramitaba ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal”. Los padres del Derecho se retuercen gritando el aforismo aquel que dice “lo que no está en el expediente no existe en el mundo”.Sí, señores de la Corte Suprema, las defensas en esta causa siempre supimos que la firma del Memorándum no hacía caer ni puso en peligro alguno las alertas rojas sobre los imputados por el atentado a la AMIA. Por una sencilla razón: únicamente el juez que ordena a Interpol la notificación de las alertas rojas, es el habilitado para hacerlas cesar. Y no nos cansamos de decir que en esta causa no solo no existió nunca la traición a la Patria que tantos titulares generó, como que tampoco existió el encubrimiento invocado.No desconozco la serie de factores geopolíticos y económicos que rodean la causa Memorándum. Pero por mucha voluntad política que algunos de esos factores pongan, la negociación y la firma del Memorándum con Irán no fueron delito. Hay quienes sostendrán por sus razones que fueron un error político y podría discutir con ellos horas. Pero lo cierto que dicho Memorándum es que no se trató más que de un intento de hacer avanzar la investigación sobre el atentado a la AMIA, que este año cumplió 30 años sin salir de la etapa de instrucción. Sin un atisbo de verdad.Como señaló Héctor Timerman en su agónica declaración: “Cuatro años pasaron… ¿Pueden decirme en qué avanzó la causa? ¿En qué avanzó la causa? Lo único que avanza es mi cáncer…”. Le asistía razón en aquel 2018 y aún le asiste la razón, mal que le pese a los odiadores de siempre. Esos que supieron festejar que Timerman no pudiese salir del país para tratar la enfermedad que lo terminó matando.
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