El primer ministro de Nepal condena las protestas “violentas” a favor de restituir la monarquía

El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, ha condenado este lunes las “violentas” protestas registradas a lo largo del fin de semana a favor de la restitución de la monarquía en el país y ha acusado al antiguo monarca Gyanendra de “incitar a la multitud” después de que dos personas hayan muerto y decenas hayan resultado heridas.Así, ha amenazado con tomar medidas para frenar estas acciones violentas, que “no serán toleradas”, al tiempo que ha instado a “castigar” a Gyanendra por “su implicación” en las marchas del viernes, que han provocado graves daños en bienes y propiedades.En este sentido, ha arremetido contra los “actos vandálicos” registrados en la capital, Katmandú, y ha afirmado que el antiguo rey “no gozará de impunidad”. “Aquellos que buscan acabar con el sistema y restaurar la monarquía deben expresarlo de otra manera”, ha puntualizado.No obstante, sus palabras han provocado protestas y quejas entre los diputados del partido Rastriya Prajatantra, principal impulsor de la restitución de la Casa Real nepalí. El mandatario, por su parte ha asegurado que ya se está investigando el aumento de la violencia y ha aventurado que pronto habrá un informe sobre lo sucedido.Además, ha lamentado que algunas acciones, como “quemar gente viva y cometer actos de terrorismo con el pretexto de las protestas, es imperdonable”, según declaraciones recogidas por el diario ‘The Kathmandu Post’. “Los que han cometido estos actos terribles deben hacer frente a todo el peso de la ley”, ha añadido.En 2006, tras semanas de protestas, el rey Gyanendra abandonó la Casa Real y declaró la república con un presidente como jefe de Estado. Un año después, el Parlamento votó a favor de abolir este sistema y declaró Nepal como república en el marco de las políticas para poner fin a la guerra civil, por lo que Gyanendra se vio obligado a ceder las funciones de jefe de Estado al entonces primer ministro del país, Girija Prasad Koirala.Desde entonces, reside como un ciudadano privado más sin protección estatal o poder alguno, si bien cuenta con el apoyo de parte de la población que abogan por su regreso.

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