Delia Espinoza sostuvo que la sanción dictada en su contra representó una represalia ligada a denuncias anteriores que ella presentó contra cerca de una decena de parlamentarios, según consignó La República. La exfiscal general de Perú recibió la máxima sanción administrativa, impidiéndole ejercer cargos públicos por diez años, tras una decisión formal adoptada por el Congreso del país. Este fallo se dio luego de un extenso periodo de tensión institucional, en el que persistieron cuestionamientos sobre la independencia de la Fiscalía peruana y la relación de control con el Legislativo.De acuerdo con La República, el Congreso aprobó el miércoles la destitución de Espinoza luego de una votación definitiva: 71 legisladores apoyaron la medida, 19 la rechazaron y se registraron 3 abstenciones. Antes del resultado final, la moción inicial no alcanzó el mínimo requerido de 68 votos, motivo por el cual algunos congresistas solicitaron la reconsideración que culminó con la aprobación de la sanción máxima. El centro del debate parlamentario fue la acusación de desacato a la Ley 32130, que restituyó facultades a la Policía Nacional para la conducción de investigaciones preliminares, y la supuesta negativa de Espinoza a devolver el cargo de fiscal general a Patricia Benavides tras una serie de disposiciones judiciales.La República reportó que la ley en cuestión, la 32130, provocó debates intensos tanto en el ámbito político como judicial en los últimos meses. Espinoza fue suspendida de sus funciones en septiembre, y la Junta Nacional de Justicia consideró que las acciones de la ahora exfiscal constituían una falta grave a sus deberes institucionales. Estas conclusiones reforzaron los argumentos que sostuvieron el proceso de sanción culminando en su inhabilitación.Durante la deliberación en el Congreso, Espinoza denunció supuestas irregularidades y presiones, y manifestó que existieron motivaciones políticas de fondo, especialmente por la participación activa de algunos de los congresistas denunciados previamente por ella en la moción de exclusión. “Solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha”, expresó frente al Parlamento y reiteró que nunca tuvo vínculos partidarios ni ejerció actividades políticas, reafirmando su trayectoria concentrada exclusivamente en la función judicial. La República recogió declaraciones en las que Espinoza insistió en que su ingreso a la Fiscalía General fue “sin deberle nada a nadie”.El informe aprobado que derivó en su destitución incluyó cargos como abuso de autoridad, usurpación de funciones, delitos contra la fe pública y prevaricación. La base de estos señalamientos fue la supuesta desobediencia de Espinoza a la obligación de acatar la Ley 32130 y la disposición judicial relacionada con la restitución de la exfiscal Patricia Benavides, quien en fechas previas también fue apartada del cargo en marco de una investigación por implicancias en presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.El caso adquirió notoriedad particularmente tras la destitución reciente de Benavides, incrementando el clima de tensión y escrutinio sobre el alcance de la autonomía de la Fiscalía y el papel del Congreso en el control de los órganos constitucionalmente autónomos. Según publicó La República, la controversia sobre la transferencia de competencias para las investigaciones penales a la Policía Nacional y el cumplimiento de la mencionada ley colocó a la institución del Ministerio Público en el centro del debate público, especialmente sobre los límites y obligaciones de las autoridades judiciales frente al Poder Legislativo.En la sesión final, los promotores de la inhabilitación subrayaron la gravedad de la aparente desobediencia a la ley y presentaron documentación para apoyar sus señalamientos sobre el incumplimiento. La República detalló que el proceso discurrió en un ambiente de alta tensión política, marcado por cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad de los mecanismos disciplinarios seguidos contra altos funcionarios. Al mismo tiempo, la decisión parlamentaria fue defendida por los impulsores de la medida, quienes destacaron la importancia de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y la responsabilidad de los cargos públicos frente a las exigencias sociales de respeto a la legalidad.Espinoza, en tanto, reiteró su convencimiento de que hubo irregularidades en el procedimiento y expresó su esperanza de obtener una eventual reincorporación, considerando insuficientes y sesgadas las garantías brindadas por el proceso legislativo. Agradeció los respaldos recibidos durante su gestión y mantuvo sus acusaciones sobre la ausencia de mecanismos equitativos en la evaluación parlamentaria.La República reportó que el episodio desembocó en nuevas discusiones públicas sobre los márgenes de control político y la independencia del Poder Judicial en el Perú. La determinación de inhabilitar a Espinoza se inscribió en un contexto complejo, caracterizado por persistentes diferencias entre los principales órganos constitucionales y un debate social sobre la validez de los procedimientos disciplinarios aplicados en instituciones clave del Estado. Mientras se mantiene en vigor la sanción, el país sigue de cerca la evolución de las investigaciones internas y el alcance del control legítimo del Congreso sobre entidades autónomas del Estado.