La operación judicial cuenta con ramificaciones en varias ciudades y mantiene bajo custodia las principales fuentes documentales relacionadas con la asignación de contratos públicos en diferentes niveles administrativos. Según informó Europa Press, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieron durante seis horas en la sede de Forestalia, ubicada en el número 33 del Coso, en el centro de Zaragoza, como parte de la última fase del denominado caso ‘trama Leire’. El desarrollo del registro y los movimientos policiales generaron cierta expectación en el entorno inmediato de la empresa, sin alterar el ritmo habitual de otras actividades comerciales ubicadas en el mismo inmueble.De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la jornada del jueves fue clave para la investigación dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. El registro se inició poco después de las 9 de la mañana y abarcó las plantas quinta, sexta y séptima de las oficinas de Forestalia, consideradas un punto relevante en la estructura interna de la compañía. Durante el operativo, la zona experimentó limitaciones en su actividad exterior, con el tráfico restringido fundamentalmente a personal de otras empresas instaladas en el edificio.Dentro del mismo operativo, referente a la trama de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, la UCO coordina diligencias simultáneas en Madrid y Sevilla. Estas acciones se llevan a cabo bajo secreto de sumario, sin que se hayan divulgado detalles específicos sobre los documentos incautados o el contenido de las pesquisas. Europa Press precisó que los registros tuvieron como eje a compañías relacionadas con Servinabar, sociedad gestionada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.Las detenciones previas de personas de reconocido perfil público, como Leire Díez —exmilitante del PSOE— y Vicente Fernández —expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)—, se produjeron en el contexto de este procedimiento, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Durante la fase más reciente de la operación, las fuentes cercanas a la investigación señalaron que no se contemplaron nuevas detenciones, enfocándose los esfuerzos policiales en el examen de la documentación y los vínculos empresariales.Europa Press consignó que la línea de investigación surgió tras advertirse posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos asociados a la gestión y actividades de diversas sociedades. El operativo busca determinar el alcance, las consecuencias y la magnitud de supuestos acuerdos realizados entre empresas relacionadas con Servinabar, así como las posibles conexiones entre altos cargos públicos y directivos del sector privado involucrados.Durante la tarde del jueves, la presencia policial mantuvo atención moderada en la zona. Según el relato de Europa Press, a las 15:06 horas dos agentes de la UCO arribaron en un vehículo gris y poco después uno de ellos retiró el coche. Veinte minutos más tarde, dos coches policiales blancos con al menos dos agentes cada uno abandonaron el estacionamiento colindante y se dirigieron a la avenida César Augusto, dando por terminada la intervención en el edificio de Forestalia.El caso se encuentra bajo la tutela de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, manteniendo en reserva la información relativa a los procedimientos y el material intervenido. Europa Press subrayó que el dispositivo orquestado no afecta únicamente a Forestalia, sino a un grupo más amplio de empresas que aparecen vinculadas a posibles acuerdos irregulares en torno a la contratación pública y a actividades que habrían requerido la colaboración de responsables públicos.El arresto previo de Leire Díez y Vicente Fernández responde a la necesidad de aclarar la naturaleza de su intervención en las gestiones y adjudicaciones bajo sospecha, así como la posible incidencia de sus acciones en instituciones estatales o firmas de titularidad pública, según indicaron fuentes de Europa Press.El avance del proceso judicial continuará mientras permanezca vigente el secreto sumarial y no se determinen eventuales responsabilidades. El resultado final de la causa dependerá de la revisión exhaustiva de los documentos confiscados y del desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo a escala nacional, siempre según la cobertura realizada por Europa Press.