Fuentes internas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han calificado como “inasumibles” los plazos para la atención a víctimas de acoso, intensificando el malestar y la exigencia de reformas dentro de la organización política. Según informó Europa Press, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentará este viernes 12 de diciembre el informe de la Oficina contra el Acoso, centrado en el caso de presunto acoso laboral que implica al exdirigente Francisco Salazar. La noticia llega en medio de crecientes tensiones por el acompañamiento institucional y los protocolos internos, lo que ha llevado a la convocatoria de una reunión urgente de referentes de Igualdad en el partido.El medio Europa Press detalló que Torró comparecerá ante los medios en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz a las 11:30. Será la primera vez que la dirigente realiza una declaración pública tras el estallido de la crisis originada por las denuncias contra Salazar. Antes de este encuentro con la prensa, Torró habrá de reunirse con las principales responsables de Igualdad del partido, respondiendo así a las demandas internas de revisar tanto los tiempos de reacción como los procedimientos frente a denuncias de acoso.Europa Press consignó que a la reunión se citará a portavoces de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en los órganos legislativos principales —Congreso, Senado y Parlamento Europeo—, así como a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y representantes de Juventudes Socialistas. De este modo, la convocatoria reúne a las voces responsables en materia de igualdad y violencia de género en los distintos niveles institucionales del PSOE.El origen del conflicto se sitúa en julio, cuando dos empleadas de la Presidencia del Gobierno entregaron denuncias a la dirección del partido, describiendo situaciones de presunto acoso laboral atribuibles a Salazar. De acuerdo con Europa Press, las denuncias también apuntaron a Antonio Hernández, entonces número dos de Salazar, como presunto encubridor. Hernández fue apartado de su cargo tras conocerse las acusaciones.El carácter anónimo de las denuncias se ha presentado, según publicó Europa Press, como un desafío en la investigación interna, pues la imposibilidad de entablar contacto directo con las víctimas ha dificultado la obtención de datos y ralentizado el proceso. A este elemento se suma la percepción de que la reacción institucional no ha brindado un apoyo suficiente a las afectadas, ni ha ido más allá del ámbito jurídico, lo que ha suscitado críticas entre distintos sectores del PSOE. Dichas voces reclaman que la protección y el acompañamiento institucional abarquen medidas adicionales y una mayor sensibilidad hacia las víctimas.La presión creciente dentro del partido llevó la semana pasada a una reunión telemática urgente entre la dirección federal y las secretarías autonómicas de Igualdad, donde se debatió la necesidad de actualizar los protocolos internos y reforzar los procedimientos frente a denuncias futuras. Según Europa Press, en este contexto se inscribe la convocatoria a la reunión presencial de hoy, donde la “actualidad política” figura formalmente como uno de los asuntos a tratar, aunque la mención explícita del caso Salazar y otros recientes episodios ha quedado fuera del orden del día oficial.Paralelamente, la situación generada en Galicia ha añadido inestabilidad al contexto socialista. El expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, comunicó la suspensión de su militancia en el PSOE, lo que le obligó a abandonar sus cargos orgánicos y a dimitir de la presidencia de la Diputación. Sin embargo, Tomé expresó su intención de continuar como alcalde de Monforte y diputado provincial, aunque ya no como miembro del partido sino en calidad de independiente, situación que provocó reacciones en la dirección socialista tanto a escala autonómica como nacional.Europa Press informó que la dirección federal instó a Tomé a renunciar a todos sus cargos para prevenir una crisis de gobernabilidad en la provincia de Lugo. Se recuerda que en la región el PSOE mantiene una coalición de gobierno con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), lo que añade complejidad a la gestión de la crisis. En paralelo, la Comisión de Igualdad del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) se reunirá para analizar la situación y la posibilidad de adoptar medidas adicionales ante la presión mediática y social existente.El conjunto de acontecimientos empujó a la dirección federal del PSOE a revisar sus normativas y pautas internas relacionadas con la gestión de denuncias de acoso y violencia de género. Según reportó Europa Press, distintos sectores dentro del partido insisten en la necesidad de abordar reformas estructurales que incrementen la transparencia, refuercen la protección de las víctimas y garanticen respuestas más ágiles y completas a las reclamaciones que surgen entre la militancia y la sociedad.En este escenario, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, cuenta con el respaldo de la cúpula federal del PSOE, si bien la situación refleja las crecientes exigencias que enfrentan los dirigentes para dar respuesta tanto a las demandas internas como a la presión social y a la cobertura sostenida por parte de los medios de comunicación.