Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por supuesto genocidio en Gaza

Bruselas fundamentó su intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el análisis de los artículos primero al sexto de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, poniendo un énfasis especial en el artículo segundo, que define el delito y detalla los criterios necesarios para configurarlo. Según consignó la CIJ en un comunicado publicado este martes, las autoridades belgas formalizaron su decisión de sumarse en calidad de interviniente en el proceso abierto por Sudáfrica contra Israel por supuestos crímenes de genocidio cometidos durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza.De acuerdo con lo reportado por la CIJ, la declaración de intervención de Bélgica fue registrada durante la jornada del martes con base en el artículo 63 del Estatuto del tribunal, que permite a los Estados parte de la Convención del Genocidio participar en los procedimientos para salvaguardar sus derechos y exponer su interpretación de la Convención. Según detalló la CIJ, la intervención belga no busca posicionar al país como parte demandante o demandada, sino expresar su postura respecto a la aplicación y la interpretación de los artículos invocados en el caso, en particular sobre la noción de “intención específica” que diferencia a los crímenes de guerra del genocidio.La noticia principal, publicada inicialmente por la CIJ y recogida por agencias internacionales, se da en un contexto en el que el balance de víctimas palestinas tras la ofensiva militar de Israel en Gaza supera los 70.900 muertos y alcanza más de 171.000 heridos, según las últimas actualizaciones. Bélgica argumentó que su interés en intervenir se centra en ayudar a clarificar la interpretación jurídica de la Convención del Genocidio, especialmente en lo referente a determinar cuándo existe “intención genocida” en los hechos y medidas adoptadas durante un conflicto armado. El artículo segundo de la Convención, como recordó la CIJ en su comunicado, incluye entre las conductas prohibidas causar la muerte o lesiones graves a miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, someterlo a condiciones destructivas, impedir nacimientos o transferir por la fuerza a niños, siempre con la intención de destruirlo total o parcialmente.A raíz de la solicitud formal de intervención, el tribunal con sede en La Haya ha invitado tanto a Sudáfrica, país que denunció la situación ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023, como a Israel, a remitir observaciones escritas sobre la declaración belga. Según destacó el tribunal, estos comentarios servirán para enriquecer el expediente y permiten a las partes reaccionar en el marco procesal previsto por su normativa.Como recoge el comunicado oficial de la CIJ y ha informado la prensa internacional, Bélgica no es el único Estado en sumar su voz ante el tribunal en este caso. Entre los países que ya anunciaron formalmente su intención de intervenir figuran España, Colombia, Libia, México, Palestina, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil y Comoras. Cuba, por ejemplo, remitió recientemente una petición similar, mientras que Nicaragua, si bien inicialmente solicitó unirse al procedimiento, posteriormente formalizó su retirada. De ese modo, Bélgica pasa a ser el tercer país europeo que participa en este proceso judicial internacional específico.Sudáfrica interpuso la demanda tras alegar una presunta violación por parte de Israel de sus obligaciones derivadas de la Convención contra el Genocidio, pidiendo a la CIJ que impusiera medidas cautelares para evitar “daño irreparable a los derechos del pueblo palestino”. Bajo el artículo 63, todos los signatarios de la Convención pueden acogerse al derecho de intervención para exponer su interpretación sobre los artículos de la norma en cuestión. La iniciativa busca, en palabras de las autoridades belgas citadas por la CIJ, contribuir a que el tribunal disponga de los elementos de juicio necesarios para definir los estándares jurídicos aplicables en el caso y, en especial, para determinar bajo qué parámetros puede considerarse que existe la intención de cometer genocidio.La Convención del Genocidio obliga a los Estados parte a prevenir y castigar este tipo de crímenes, para lo cual exige que se pruebe la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido. El proceso en marcha ante la CIJ gira sobre la supuesta vulneración de estas obligaciones y el posible impacto de las operaciones militares en la población civil palestina, conforme al marco legal internacional. El tribunal, según recuerdan tanto la CIJ como los gobiernos que han solicitado intervenir, deberá dictaminar en última instancia sobre ambas cuestiones.De acuerdo con el registro presentado por la CIJ sobre la secuencia del caso, el aumento en el número de intervenciones externas refleja el interés de la comunidad internacional por clarificar la aplicación de la Convención en situaciones de conflicto, sobre todo cuando existen denuncias masivas de víctimas y desplazamientos poblacionales. La inclusión de Bélgica y otros países subraya la centralidad de la interpretación legal de los conceptos de genocidio y la responsabilidad de los Estados en relación a estos crímenes, así como las preocupaciones sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos en el marco de la Convención.El desarrollo procesal en la CIJ continuará en los próximos meses, tras la incorporación de las posiciones formales de los Estados intervinientes y el intercambio de observaciones solicitadas a las partes principales. El caso está bajo la jurisdicción del tribunal internacional competente en materia de disputas relativas a la interpretación y aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

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