Por Yew Lun Tian y Tony MunroeBEIJING, 28 mayo (Reuters) – La jefa de derechos humanos de
la ONU Michelle Bachelet, cuya inusual visita a China fue
criticada por grupos de derechos y países occidentales, dijo que
instó a Pekín a revisar sus políticas antiterroristas para
garantizar que cumplen las normas internacionales de derechos
humanos.Sin embargo, Bachelet reiteró que su viaje de seis días, que
finalizó el sábado e incluyó una visita a la región occidental
de Xinjiang, no representa un análisis sobre las políticas de
derechos humanos de China, sino una oportunidad para dialogar
con el Gobierno.Bachelet comenzó su viaje a China, el primero de un Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 17 años, el
lunes en la ciudad sureña de Cantón antes de dirigirse a
Xinjiang. Su oficina dijo el año pasado que creía que los
uigures de esa zona habían sido detenidos ilegalmente,
maltratados y obligados a trabajar.”He planteado preguntas y preocupaciones sobre la aplicación
de medidas antiterroristas y de desradicalización de amplia
aplicación, en particular el impacto sobre los derechos de los
uigures y otras minorías predominantemente musulmanas”, dijo la
expresidenta de Chile durante una rueda de prensa online el
sábado.China niega todas las acusaciones de abusos en Xinjiang.El acceso de Bachelet fue limitado, ya que China dispuso que
viajara en un “circuito cerrado” -aislando a la gente dentro de
una burbuja virtual para evitar la propagación del COVID-19- sin
presencia de prensa extranjera.Los grupos de derechos y los países occidentales temen que
China utilice su viaje como un respaldo a su historial de
derechos. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense,
Ned Price, dijo el martes que era “un error aceptar una visita
en estas circunstancias”.China negó inicialmente la existencia de campos de detención
en Xinjiang, pero en 2018 dijo que había creado “centros de
formación profesional” necesarios para frenar lo que, sostiene,
es terrorismo, separatismo y radicalismo religioso en la región.Bachelet dijo que planteó al Gobierno chino la falta de
supervisión judicial independiente sobre el funcionamiento de
los centros y las denuncias de uso de la fuerza, malos tratos y
severas restricciones a la práctica religiosa.(Reporte de Yew Lun Tian y Tony Munroe; Editado en español por
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