27 ene (Reuters) – Human Rights Watch (HRW) acusó el
viernes a las autoridades salvadoreñas de “violaciones masivas
del debido proceso” en la detención de decenas de miles de
personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas,
citando datos filtrados del Gobierno.El organismo afirmó el viernes que, tras la introducción en
marzo del año pasado de un régimen de excepción que suspendía
derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las
bandas, decenas de miles de personas habían sido recluidas en
ese tipo de prisiones por “delitos definidos de manera amplia”.El régimen de excepción sigue vigente tras múltiples
prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos
humanos. El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a
una solicitud de comentarios realizada por Reuters a última hora
de la noche del jueves.”Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de
derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”,
dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las
Américas de HRW en un informe, donde detalló que más de 61,000
personas habían sido detenidas desde marzo.Reuters no pudo confirmar la información de forma
independiente.La organización de vigilancia de los derechos humanos
explicó que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública y enumeraba a las personas procesadas entre
marzo y agosto del año pasado. Según HRW, hasta agosto cerca de
1,082 niños, en su mayoría varones, habían sido enviados a
prisión provisional.Su reclusión fue posible debido a una ley de marzo del 2022
que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos
relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años, añadió.Citando la base de datos, HRW señaló que más de treinta
personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones
de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y
cuatro veces más presos de los que según su diseño podían
albergar.Otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de
hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su
capacidad, agregó.Más de 50,000 personas fueron enviadas a prisión preventiva
a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi
40,000 fueron acusadas de “agrupaciones ilícitas”, delito que
incluye a las personas que participan en bandas o reciben
“provecho indirectamente”.Las autoridades también acusaron a 8,000 personas de
pertenencia a una “organización terrorista”, un término amplio
recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights
Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye
poco a garantizar la justicia.
(Reporte de Sarah Morland; Editado en español por Raúl Cortés
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