Serbia y Kosovo conmemoran este domingo, en un momento enormemente delicado de sus difíciles relaciones, el 25 aniversario de la primera operación militar de la OTAN contra un Estado soberano en toda su historia, su campaña de bombardeos sobre Yugoslavia durante 78 días de 1999, una operación de liberación para Pristina, una campaña de exterminio para Serbia, que un cuarto de siglo después sigue arrojando incógnitas en cuanto al número de víctimas civiles que dejó.
En 2023, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, describió una operación como “el asesinato del derecho Internacional” y la “destrucción del viejo orden en favor de uno nuevo donde estos poderes tienen derecho a la última palabra en absolutamente todo”. El mandatario, un año después, acusó a la OTAN de arrancar Kosovo de Serbia a un coste de 2.500 civiles, militares y policías fallecidos; una estimación que Vucic ha variado relativamente en cada recordatorio anual. Ningún organismo judicial ha declarado hasta ahora una cifra de víctimas.
Para Estados Unidos, la llamada operación ‘Fuerza Aliada’ fue “tan necesaria como legítima”, según declaró este pasado miércoles la representante del país ante la OSCE, Katherine Brucker, quien indicó que el propio Consejo de Seguridad de la ONU — que en ningún momento autorizó los bombardeos — “había expresado su preocupación sobre la grave crisis humanitaria en Kosovo, el aumento del número de refugiados y la amenaza que representaba para la paz y la seguridad internacionales”.
La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, celebró el año pasado una ceremonia en honor de los militares de la OTAN, partícipes de una misión “en el lado correcto de la historia”, que “impidió que un régimen criminal iniciara una limpieza étnica en Kosovo, en un día, 24 de marzo, que marcó un giro hacia la esperanza y la libertad”.
Los hechos comenzaron en las primeras horas de la noche. Hasta la madrugada del día siguiente, los aviones y buques de crucero de la Alianza bombardearon a las fuerzas serbias desplegadas en Pristina, capital de Kosovo, y extendieron posteriormente sus ataques a Belgrado, Podgorica, Novi Sad y otras localidades serbias y montenegrinas. Desde el comienzo de la campaña hasta su final, el 10 de junio, se efectuaron casi 40.000 incursiones.
Oficialmente, la ofensiva de Yugoslavia era la respuesta de las potencias occidentales al fracaso de las negociaciones de Rambouillet para poner fin al conflicto entre Belgrado y el grupo armado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), que se había alzado en armas el año anterior tras el fracaso de la estrategia de desobediencia civil de los independentistas albanokovares.
Las negociaciones fracasaron después de que Estados Unidos introdujera a última hora una cláusula que permitía a los Ejércitos de la OTAN entrar y circular libremente por territorio de Yugoslavia.
Al comienzo de la segunda semana de junio, Slobodan Milosevic –por entonces presidente de la República Federal de Yugoslavia (RFY)– accedió a retirar sus tropas de Kosovo, el final de los bombardeos y el inicio del despliegue de 45.000 soldados de la OTAN. Junto a los militares yugoslavos abandonaron el país cerca de 200.000 civiles serbios por temor a venganzas.
Con los bombardeos de Yugoslavia, la OTAN –cuyo secretario general era Javier Solana en aquel entonces– se implicaba en una espectacular ofensiva militar por primera vez en su historia. De hecho, numerosos analistas consideran que la campaña de Yugoslavia supuso la introducción en la Alianza de una estrategia más ofensiva frente a los llamados “Estados delincuentes”, contra los cuales había la “obligación moral” de emprender “intervenciones humanitarias” a fin de crear un nuevo marco de “seguridad” en el llamado “espacio euroatlántico”. Esta doctrina, cuyo primer eslabón fue Yugoslavia, fue aplicada posteriormente en Afganistán.
CRISIS VECINAL
El momento no puede ser peor para Serbia y Kosovo, enzarzados en una cadena interminable de crisis desde la declaración unilateral de independencia kosovar en 2008 y que en los últimos años ha conocido toda forma de eslabones: conflictos por el uso de matrículas, el uso de la moneda, por la forma de las administraciones locales y por la situación de la población serbokosovar.
Esta misma semana, sin ir más lejos, el Ministerio de Defensa de Serbia acusó al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, de llamar innecesariamente al alarmismo al denunciar maniobras del Ejército serbio cerca de la frontera en lo que las autoridades de Belgrado describen simplemente como una “actividad militar normal” en coordinación con la misión de la OTAN, la KFOR. Y este sábado el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha amenazado con la salida de su país del Consejo de Europa si Kosovo culmina con éxito en los próximos meses las negociaciones de adhesión al grupo.
Todo ello sucede en un ambiente de frustración extrema entre las autoridades de la Unión Europea, como reconoció la semana pasada el máximo diplomático del bloque, Josep Borrell, quien lamentó los “limitados avances” conseguidos un año después del entonces esperanzador acuerdo sobre un principio de normalización de relaciones firmado por ambas partes en Ohrid (Macedonia del Norte) y mediado por Bruselas.
“Resulta lamentable que, a pesar de los grandes esfuerzos de la UE y de la comunidad internacional en general, hasta ahora haya habido avances muy limitados tanto por parte de Kosovo como de Serbia en la implementación de las obligaciones que aceptaron en virtud de este Acuerdo”, manifestó el diplomático en un comunicado.
“Ya es hora de que tanto Kosovo como Serbia rompan el actual círculo vicioso de crisis y tensiones y avancen hacia una nueva era, la europea. El acuerdo ofrece un futuro mejor para los ciudadanos de Kosovo y Serbia y de toda la región”, según Borrell, quien indicó que “la Unión Europea sigue dispuesta a ayudar a Kosovo y Serbia en cada paso del camino, pero son ellos quienes tienen que dar esos pasos y seguir adelante”.
CIFRAS ELUSIVAS
La negativa hace 23 años del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia a investigar el bombardeo de la OTAN ha imposibilitado la declaración de una cifra exacta de muertos durante los bombardeos y todas las investigaciones han quedado en mano de organizaciones no gubernamentales, a menudo con recursos demasiado limitados.
La ONG Human Rights Watch declaró en 2000 un total aproximado de entre 488 y 527 civiles fallecidos, y citó por otro lado estimaciones “creíbles” del Ministerio de Exteriores de Yugoslavia que hablaban de entre 495 y 820 civiles fallecidos. Un nuevo intento en 2014 de la ONG Centro para el Derecho Humanitario indicó 454 civiles muertos en Serbia, Montenegro y Kosovo.
Como lamenta al portal Balkan Insight la profesora Susan Breau, directora en funciones para el departamento de investigación del Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados de Reino Unido, tanto la falta de información precisa sobre el número de víctimas como la exageración del mismo no hace sino “alimentar el conflicto y el resentimiento”.
“Ni permite la reconciliación ni permite la justicia transicional. Siempre he dicho que es necesario identificar a las personas por su nombre; ya sabes, ¿quiénes son estas personas? No me den el número de 2.500, díganme quiénes son”, ha pedido.
