EscucharEl Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó nuevamente su profunda preocupación por las reiteradas agresiones verbales del presidente Javier Milei a periodistas que formulan críticas u observaciones a su gobierno y dijo que esos dichos se intensificaron “mediante nuevas manifestaciones injuriosas vertidas en un lenguaje con frecuencia cada vez más vulgar”.La entidad recordó que Milei propuso por TV un proyecto de ley para que los periodistas sean considerados “personas políticamente expuestas” y que deberían presentar una declaración jurada y “ser sometidos al escarnio público” al que, según el Presidente, ellos someten a la sociedad. Dijo que recién entonces aceptaría dar una conferencias de prensa a agenda abierta.El sábado pasado, nuevamente, durante un acto partidario, el Presidente calificó a LA NACION como un “pasquín” y mencionó, primero por su nombre de pila y luego por sus iniciales, a Julio César Saguier, presidente de SA La Nación.“Esa pretensión de ubicar a los periodistas como enemigos de la sociedad, a la que solo representaría el presidente, es un signo distintivo de los populismos autoritarios; en cualquier caso, las restricciones a la prensa y a la libertad de expresión son inconstitucionales”, recordó el Colegio, y se enfrentan además con tratados internacionales con jerarquía constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema.El Colegio de Abogados de la Ciudad dijo que los periodistas echaron luz sobre numeroso casos de corrupción, muchos de ellos publicados “precisamente en el medio contra el cual hoy se ensaña, entre otras cosas, por su rechazo, expuesto con fundados argumentos, a la postulación a la Corte Suprema del juez Ariel Lijo”. “Tampoco sería necesario traer a colación la dignidad de periodistas y editores que, en tiempos más lejanos, pagaron con la muerte, la cárcel, la tortura o el exilio su defensa de las libertades públicas”, puntualizó.El Colegio de Abogados de la Ciudad advirtió además sobre la reglamentación del decreto de acceso a la Información que “despierta una profunda preocupación” porque “restringe indebidamente el acceso a la información pública. “En rigor, bajo el pretexto de reglamentarla, dicho decreto modifica esa ley, alterando su espíritu, lo que lo transforma en inconstitucional”, señalaron.“El decreto reglamentario no puede establecer excepciones no contempladas en la ley para limitar la información de datos públicos” dijeron y “menos puede hacerlo cuando la propia expresamente dispone en su artículo primero la presunción de publicidad de toda la información en poder del Estado”.La publicidad de los actos de gobierno es un principio esencial de la República, advirtieron y reclamaron que”cesen esas ofensas lesivas de derechos fundamentales, que sólo alimentan la intolerancia, la violencia y la estigmatización de quienes piensan diferente”.LA NACIONConforme a los criterios deConocé The Trust Project