judiciales Archives - Big Latino News

Confirmaron el sobreseimiento del presidente de un club de tiro imputado por el suicidio de una socia

adminabig — Tue, 24 Sep 2024 05:24:55 +0000

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional porteña confirmó el sobreseimiento del presidente de un club de tiro imputado por el suicidio de una socia (Foto ilustrativa: archivo Colprensa) (Leonardo Muñoz/)La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional resolvió confirmar el sobreseimiento de J.E. Medina, presidente de un polígono de tiro ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, quien había sido imputado por el Ministerio Público Fiscal en virtud del suicidio de una socia del club, M.P.R., ocurrido en marzo de 2021. La mujer, que tenía antecedentes psiquiátricos y había intentado suicidarse en dos ocasiones anteriores, se disparó en la sien con un arma de fuego que le fue entregada en el establecimiento. Entre sus pertenencias, dejó una carta escrita a mano pidiendo perdón por lo que iba a hacer.El Ministerio Público Fiscal apeló el sobreseimiento de Medina tras sostener que su imputación se debía a la violación del “deber de cuidado” como titular de la entidad, ya que nunca verificó la “aptitud psicofísica” de los miembros del polígono, en particular de M.P.R., una joven con antecedentes depresivos e intentos previos de suicidio. También mencionó que la mujer no contaba con la validación requerida para portar armas como legítima usuaria.Por otro lado, la fiscalía de instrucción no recurrió la decisión de primera instancia que sobreseyó al instructor de tiro, M. Camelliti, también imputado en el caso por omisión del “deber de seguridad”.El trágico episodio ocurrió el 11 de marzo de 2021, cuando la joven, quien se había inscripto como socia del club de tiro porteño en diciembre de 2018, concurrió al establecimiento y recibió un arma de fuego Glock, calibre .45, con la cual, minutos más tarde, se disparó en la pedana número 3 del polígono. En ese momento fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, donde falleció horas después debido a las lesiones craneoencefálicas provocadas por la bala.La víctima presentaba antecedentes de depresión y dos intentos previos de suicidio (Shutterstock)Entre las pertenencias de M.P.R., se encontró un certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que acreditaba que era usuaria del sistema de salud mental. A su vez, en su cartera había una nota manuscrita en la que pedía perdón y explicaba que su vida había sido un calvario.“Les pido mil disculpas. Mi vida era una tortura. Por favor, comuníquense con mi familia. Muchas gracias”, dejó escrito a mano en un papel.La fiscalía sostuvo que Medina, en su calidad de presidente del polígono, era responsable de evaluar las condiciones de salud de los integrantes del club que utilizaban las instalaciones. Consideró que el hecho de entregar una pistola a una persona con antecedentes mentales e intentos de suicidio configuraba una conducta “imprudente” que contribuyó a la muerte de M.P.R..Además, señaló que, aunque no existía una normativa específica que exigiera exámenes psicofísicos para la práctica de tiro, sí podían aplicarse en el caso “reglas generales del derecho” que obligaban a los responsables de este tipo de actividades de riesgo a tomar medidas de cuidado adicionales, más allá de lo estipulado en los reglamentos del club.La impugnación del Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento de Medina recayó en la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. El juez Pablo Lucero, primero en exponer sus razones en un fallo que publicó Diario Judicial, consideró que “los agravios introducidos por la parte recurrente no logran conmover los fundamentos expuestos en el auto en crisis”.“Ello por varias razones -explicó el juez-, en primer lugar, el Ministerio Púbico Fiscal no controvierte la circunstancia de que no existía -al menos al momento de los hechos- una norma específica que requiriera la obtención de un certificado que acreditara la aptitud psicofísica para practicar tiro. El Manual de Entidades de Tiro (…), al igual que los diferentes reglamentos de aplicación como el de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (…), los de la Federación Argentina de Tiro (FAT), los de la Federación Argentina de Tiro al Vuelo (FATAV) y el de la Federación de Tiro Práctico de la República Argentina (FTPRA) nada dicen al respecto, pues las normas que contienen están centradas en las instalaciones, su funcionamiento y la observación y seguimiento de la conducta de las personas que practican el deporte bajo los parámetros que allí se establecen”.La Cámara tuvo en cuenta que al momento del trágico episodio no existía ninguna norma específica que requiriera la obtención de un certificado que acreditara la aptitud psicofísica para practicar tiro (REUTERS/Ivan Alvarado) (IVAN ALVARADO/)“Por otro lado -agregó-, el control de las condiciones de seguridad y la verificación de la calidad de ‘legítimo usuario’ de quienes practican tiro recaen, según la normativa vigente, en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Este organismo es responsable de la fiscalización y, si es necesario, de la revocación de permisos para el uso de armas. En ese caso, la normativa prevé la exigencia de un certificado de aptitud psicofísica. Sin embargo, no era el caso de -la joven-, a quien el armamento se le proporcionaba y lo utilizaba con exclusividad en el polígono de tiro”Para el magistrado, dicho polígono estaba “debidamente habilitado por las autoridades competentes”, y la mujer “era una usuaria recurrente desde diciembre de 2018, que había demostrado un alto nivel de idoneidad y respeto por las normas del lugar”.Luego precisó: “El instructor asignado actuó en total conformidad con las regulaciones, brindando asistencia y supervisión adecuada hasta segundos antes del trágico suceso que, como luego se supo a través de la nota de disculpas que estaba en la cartera de -M.P.R.-., aquella había planificado”.El magistrado descartó que el requisito contenido en el formulario de inscripción para convertirse en socio del club, referido a la obligación de “encontrarse en perfectas condiciones psicofísicas” para entrar a la entidad, no configuraba un recaudo “legalmente exigible al responsable del lugar”. Y concluyó: “Tampoco puede interpretarse que este certificado pueda derivarse de una norma general de cuidado cuyo incumplimiento genere responsabilidad penal, más allá de otro tipo de responsabilidades que no caben analizar aquí”.Con la adhesión de la jueza Magdalena Laíño, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el fallo que liberó del proceso penal al titular del polígono ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

Fuente

The post Confirmaron el sobreseimiento del presidente de un club de tiro imputado por el suicidio de una socia appeared first on Big Latino News.

Comodoro Py cruzado por denuncias “de” y “contra” de Capital Humano, mientras Pettovello pide su sobreseimiento

adminabig — Mon, 10 Jun 2024 05:26:36 +0000

Sandra Pettovello (@S_Pettovello)“Corresponde el dictado de un condigno sobreseimiento en la causa y respecto de nuestra asistida, por inexistencia de delito”. Con estas palabras, en un escrito al que accedió Infobae, la defensa de la ministra Sandra Pettovello reclamó el cierre de la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público que impulsó el dirigente Juan Grabois y que se convirtió, a través de una medida cautelar, en el eje de la polémica sobre cómo el Gobierno almacenó en dos galpones alimentos que estaban próximos a vencer sin distribuirlos a sectores vulnerables.El planteo de la defensa de Pettovello consta en el expediente que tiene en sus manos el juez federal Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa. Ahora, luego de que el Gobierno Nacional se aviniera cumplir con la medida cautelar para entregar un plan de distribución de esos productos que -según informó- serán destinadas a escuelas vulnerables, tras un duro fallo de la Cámara Federal porteña, los investigadores judiciales no solo deben evaluar si se está cumpliendo la orden dada -y también esclarecer las diferencias detectadas entre lo que el Gobierno informó y lo encontrado en uno de los depósitos- sino también analizar el fondo de la cuestión: si existió o no delito por parte de la responsable de Capital Humano.Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la causa recién comienza para dar una respuesta a ese planteo. No obstante, la funcionaria de Javier Milei reclamó el cierre de la causa al sostener que no hay delito, más allá de la discusión que la subsecretaria legal del Ministerio Leila Gianni buscó dar sobre la cautelar.“Señora Fiscal, entendemos la lógica preocupación de ese Ministerio Público por la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población vulnerable. Nuestra asistida la comparte plenamente, y para ello ha tomado decisiones que significan un verdadero reordenamiento del sistema, la puesta en marcha de programas eficientes, las necesarias auditorías y la relación directa con los beneficiarios (recordemos en tal sentido el aumento de la tarjeta Alimentar, que pasó de cubrir un 50 % de la canasta básica al 10/12, a estar por encima del 70% a la fecha o las enormes diferencias en las erogaciones por otros conceptos respecto del mismo período del año 2023″, sostiene la presentación de los abogados Santiago Fontán Ballestra y José Figuerero. Tras resaltar las denuncias sobre comedores fantasmas, la defensa de Pettovello destacó que “el Derecho Penal no es el ámbito adecuado para delinear las políticas sociales” y sostuvo que no existió “delito alguno”.Hay, sin embargo, un enjambre de causas judiciales -algunas penales y otras de otros fuero- que hablan de irregularidades en la entrega de alimentos, en la existencia de comedores, o en la denuncia por corrupción sobre contrataciones sospechosas en el propio Ministerio, que se salpican con otras que ya sellaron su suerte: la acusaciones por la compra de medicamentos o la asistencia de menores, tras auditorías internas en las que -según los fiscales que intervinieron- no se detectaron delitos.El escándalo de los alimentosGrabois en la puerta de Comodoro Py antes de la audiencia con Leila Gianni (Adrián Escándar)El planteo de la defensa de Pettovello se registró en la causa por los alimentos. El 5 de febrero, el dirigente Juan Grabois denunció a la ministra de Capital Humano por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario púbico por haber suspendido, desde su asunción en el cargo, la entrega de alimentos a los comedores comunitarios sin ofrecer algún tipo de alternativa para evitar el desabastecimiento de la red de contención que ellos representan, así como por la suspensión de la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que abastecía alimentos y auditaba a dichos comedores, a pesar de que los fondos se encontrarían disponibles.El juez Sebastián Casanello recibió por sorteo la denuncia y, como hace en todos los casos, delegó la investigación en la fiscalía, a cargo de Paloma Ochoa. A fines de mayo, a partir de información publicada en el medio El Destape que daba cuenta de la existencia de más de 5 mil toneladas de alimentos guardados en dos centros de logística utilizados por el Ministerio de Capital Humano, Grabois, en su rol de querellante, pidió una inspección en los galpones y una orden de presentación en el ministerio. La fiscal Ochoa reclamó que se dictara una cautelar para que esos productos se repartieran en comedores registrados y el juez Casanello firmó una cautelar que le daba 72 horas al Ministerio para que informara su stock de productos con sus fechas de vencimiento y entregara un cronograma cómo se sustanciara la entrega inmediata.El Ministerio, encabezado por Leila Gianni, decidió apelar esa resolución y dar por hecho que tenía efectos suspensivos. En el interín se supo dentro del expediente -y difundido por Grabois- que más de 300 mil litros de leche iban a vencer en junio. Eso generó que Pettovello culpara a funcionarios de no informarle el vencimiento y acelerar el reparto de esos productos a través de la fundación Conin y el Ejército. Fue así que se dio la escandalosa audiencia ante la Cámara Federal, con gritos de “kuka ladrona” y “deja de extorsión a los pobres”, que selló la suerte del Gobierno: por unanimidad se ordenó cumplir con la cautelar.Pero el fallo de la Cámara Federal da cuenta de otro escenario: el de las otras causas por alimentos que existen en otros tribunales y sobre las que también tomó nota Comodoro Py. Es que, casi en paralelo a la denuncia penal que se radicó en febrero contra Pettovello, se radicaron también contra el Ministerio de Capital Humano pero esta vez en el fuero en lo contencioso administrativo.Una fue radicada el 14 de febrero a raíz de amparo colectivo y medida cautelar promovidos por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el patrocinio de distintos abogados, entre ellos, Juan Grabois. Allí se denunció la suspensión o mengua -según se expresa- de tres mecanismos a través de las cuales el Estado Nacional venía garantizando el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias hacia las familias carenciadas y reclamaba que se entregara alimentos de manera urgente a los comedores.Según analizó en su voto el juez Eduardo Farah de la Cámara Federal, “la petición es análoga” a la que se cursó la causa penal que. tiene Casanello, “solo que a mi entender pone el énfasis en los recursos que se destinaran a futuro para ello en el universo de los regímenes de prestaciones alimentarias que brinda el Estado Nacional, mientras que en esta causa penal la orden del juez estuvo -y sigue estando- orientada al modo de disponer de los alimentos que puntualmente hoy están disponibles en los 2 depósitos: de Villa Martelli y de Tafí Viejo en Tucuman.La segunda causa que se inició en el fuero contencioso se inició también para esa fecha, el 6 de febrero, a raíz de una medida de prohibición de no innovar que interpuesta por la Defensora y el Defensor Adjunto de Niñas, Niños y Adolescentes contra el Ministerio de Capital Humano dirigida a que no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y merenderos “hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria” Allí la cartera de Pettovello daba cuenta en ese entonces de los alimentos almacenados en los depósitos. En medio de idas y vueltas, el juzgado rechazó la medida cautelar solicitada. La defensoría apeló y está a estudio de la Cámara del fuero.Hay una tercera causa que el fallo de Cámara no menciona: es la que detalló Infobae cuando el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició a fines de mayo un proceso colectivo contra el gobierno nacional de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.Comedores truchosComedores populares (Maximiliano Luna)En el crucigrama de causas, el Gobierno Nacional impulsó una causa contra la existencia de comedores fantasmas. Esa fue una de las justificaciones que expuso en la causa de Casanello a la hora de explicar por qué aún no se entregaban los alimentos, a la espera de la auditoria.El 27 de mayo, el mismo día en que -en otra causa- la Justicia realizaba una treintena de allanamientos en una investigación contra piqueteros por extorsión y amenazas y que comprometió al Polo Obrero, la ministra de Capital Humano presentó una denuncia por defraudación y abuso de autoridad a raíz de una serie de auditorías sobre comedores y merenderos. Se habló de “falta de control”. En esos relevamientos se aseguró que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos. En esa línea, dice la denuncia, “sólo pudo relevarse casi la mitad de los comedores registrados (52,3%), y que de ese total, el 20% aproximadamente, es financiado por el Estado Nacional”. En cuanto al 47,7 % restante, se establecieron distintas falencias, como ser: El 32 % no funciona como tal, el 25% de los datos de la pre-inscripción no coinciden con la información real y el resto, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.Por sorteo el caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Ramiro González. El fiscal impulsó la denuncia, pidió la digitalización de todos los expedientes administrativos denunciados como irregulares y solicitó “la nómina del personal responsable del control” en el área a cargo de controlar los comedores comunitarios, “que prestaron y/o prestan funciones en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, desde su creación en el mes de julio de 2020 hasta diciembre de 2023, como así también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y del Ministerio de Desarrollo Social”. También solicitó los datos del personal del Ministerio que efectúo las auditorías en cuestión y que estuvieran al tanto del procedimiento de registración de los comedores o merenderos en el RENACOM.En la causa ratificó la denuncia Leila Gianni y fue citado a declarar Héctor Calvente, responsable de la audtoría, quien dio precisiones de la investigación. A los pocos días fue uno de los eyectados del Ministerio: había llegado a la gestión de la mano de Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la cartera, al que el propio Ministerio decidió denunciar, bajo sospechas de corrupción, cuando se conoció que parte de la leche stockeada en galpones estaban próximos a vencer.Contratos y corrupciónSandra Pettovello y Pablo de la TorreEl 30 de mayo, De la Torre, virtual número dos de la cartera de Capital Humano, fue desplazado de su cargo en medio de una fuerte polémica por la distribución de los alimentos destinados a los comedores populares y las organizaciones sociales. En un escueto comunicado, el ministerio dijo que “a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.Pero en tribunales el Gobierno no solo se lo buscó responsabilizar de esa situación sino que, a través de la abogada Gianni, se lo denunció por contrataciones irregulares y cobros en dólares. El caso también cayó en manos de la dupla Lijo-González. Si bien la denuncia no es contra ninguna persona, sino que relata hechos, señala que De la Torre se quedaba con dólares que se cambiaban al cobrar contratos que la Secretaría hizo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La denuncia fue hecha en base a un relato que hizo ante las autoridades del Ministerio Federico Fernández, director general de administración de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recogida por Gianni.El mismo día de la escandalosa audiencia con Grabois, Gianni declaró durante dos horas ratificando la denuncia y subrayando que los dichos de Fernández ante las autoridades fue de forma “libre y de forma voluntaria”. Una forma de minimizar las versiones periodísticas que señalaban que el funcionario estuvo secuestrado cuatro horas en una oficina.El fiscal González abrió formalmente la causa en los últimos días: le solicitó a Capital Humano “con carácter de urgente” una serie de documentos vinculados a las contrataciones que se hicieron mediante la OEI y citó a declarar como testigo para el jueves de la semana que viene a Alejandro Schiavi, subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio. “El objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarias dependiente de dicha cartera ministerial, en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”, sostuvo el fiscal en su dictamen. Eso podría exceder el Ministerio de Capital Humano.Las sospechas por los medicamentosMedicamentos de una farmacia (Shutterstock)A mediados de febrero, el Gobierno anunció que una auditoría interna de Capital Humano reveló graves irregularidades en la compra de medicamentos en los últimos ocho años para personas en situación de vulnerabilidad. Leila Gianni formalizó la denuncia penalmente: apuntó contra funcionarios de ese área desde 2016 hasta el 10 de diciembre de 2023 por compras sospechosas. El caso recayó en manos del juez federal Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo y su colega Ramiro González.Gianni fue llamada a declarar y precisó que “internamente” estaba ” recabando mayor información a través de las áreas sustantivas que tenían en cabeza dicho programa, y que sin perjuicio de no contar con toda la información pertinente, por carga de ley, se decidió formular la denuncia”. La fiscalía ordenó una serie de medidas previas al Ministerio de Salud, al propio Capital Humano y a distintos juzgados.“Se ha podido verificar el estado incipiente de lo que se pretende formalizar como una denuncia penal. Fue a partir de esta misma denuncia cuando resolvieron iniciar un sumario administrativo para verificar mínimamente si se ha cometido o no un delito penal y quiénes podrían ser sus responsables”, repasó el fiscal . …”Por ahora lo único que es objetivamente claro es que una Secretaría que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social utilizaba un sistema de compras de medicamentos que difería del que el Estado Nacional utiliza de manera habitual, conforme las normativas vigentes y que ello fue remarcado en su oportunidad, por auditorías llevadas a cabo por otro Ministerio (…) De ese trabajo no se advierte la comisión de un delito penal, sino de una ‘posibilidad’”.Según el dictamen fiscal ”nos hallaríamos frente a cuestiones que, al menos en un principio, deberían ser discutidas dentro de la esfera de la propia administración pública, y que, por ende, hasta tanto se lleven adelante las investigaciones administrativas y se expidan las correspondientes instancias, la justicia penal no tendría injerencia para evaluar si se ha cometido, o no, alguna conducta delictiva”.La denuncia se desestimó pero Gianni hizo una nueva presentación con un listado con los pagos que habrían sido realizados a distintos laboratorios por la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), por la compra de medicamentos, desde el año 2020 hasta el año 2023 inclusive. La fiscalía insistió en que “más allá de que se trata de información parcial, puesto que la denuncia refiere a un rango temporal más amplio, y no refleja lo requerido en su oportunidad” por el juzgado, “lo cierto es que los nuevos datos brindados por la cartera ministerial no brindan nuevas aristas que permitan rebatir” revaluar la desestimación de la denuncia. El juez Ercolini dio en marzo por cerrado el caso.La denuncia del copy & pasteDenuncia tras una auditoria en la Secretaria de Niñez, Adolecencia. y Familia por parte de Capital Humano sobre las gestiones anteriores
Foto: AndinaUna suerte similar corrió en los últimos días la denuncia que también motorizó Leila Gianni desde Capital Humano a inicios de la gestión de Javier Milei por presunta defraudación al Estado contra los funcionarios de la Secretaría de Niñez entre 2018 y 2023 “por transferencias de subsidios sin rendición de cuentas (o irregulares, según auditoría correspondiente) de desembolsos en el marco del programa 47– Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia – Actividad 41 -Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia-El fiscal Franco Picardi pidió la semana pasada la desestimación de la denuncia luego de analizar los distintos expedientes de Capital Humano y y los informes de la Sindicatura General de la Nación. “Los expedientes administrativos no evidencian conductas de los funcionarios intervinientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que puedan reputarse delictivas en los términos de los tipos penales previstos en los artículos 248, 249 y 174 inciso 5 del Código Penal de la Nación, y en ningún otro”, sentenció en el dictamen al que accedió Infobae. “Para que una conducta sea considerada delito se necesita que haya generado un conflicto en la realidad relevante para el sistema penal, y frente al que se afirma la potestad estatal”, se subrayó.Es más, el dictamen tuvo una advertencia contra los funcionarios de Capital Humano a la hora de la prueba presentada: “se advierte que solo cambian los segmentos subrayados y destacados, aunque en cuanto al contenido resultan ser copias textuales uno del otro, lo que denota un confuso copy & paste dejando en evidencia que se trató de una deficiente labor realizada para la confección de una denuncia penal. Al respecto, vale aclarar que esta duplicación de hechos denunciados fue reconocida por el Dr. Ariel Alberto Romano Ángel, asesor letrado de la subsecretaría legal de la referida cartera ministerial, en el marco de la declaración testimonial solicitada por esta Fiscalía”.Picardi subrayó que “los subsidios tramitados a través de los expedientes analizados fueron destinados a los sectores más sensibles de la sociedad: niños y niñas de entre 45 días y 4 años de edad en situaciones de vulnerabilidad, por lo que hubiese resultado completamente desproporcionado y altamente cuestionable el bloqueo por parte de las autoridades de la SENNAF de la asistencia pertinente bajo pretexto de meros defectos administrativos o demoras explicadas y justificadas”, máxime cuando algunos de estos expedientes se vieron retrasados porque ocurrieron durante la pandemia del COVID.

Fuente

The post Comodoro Py cruzado por denuncias “de” y “contra” de Capital Humano, mientras Pettovello pide su sobreseimiento appeared first on Big Latino News.

Espionaje a jueces: Zanchetta seguirá preso a la espera de más peritajes

adminabig — Wed, 10 Jan 2024 20:16:22 +0000

Ariel Zanchetta (Gentileza: La Verdad)Ariel Zanchetta, el ex policía que decía ser periodista y fue acusado de haber sido parte de una red de espionaje contra jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema, seguirá detenido por orden de la Cámara Federal. El juez Roberto Boico y dos magistrados de tribunales orales rechazaron la excarcelación que pretendía la defensa. Es que en la causa se está trabajando sobre nuevas pistas que llevaron a la fiscalía a acusar al detenido de ser un agente inorgánico de la central de inteligencia que también llevó adelante tareas de inteligencia sobre políticos, periodistas y empresarios, señalaron a Infobae fuentes judiciales.En esta causa ya están imputados un hacker misionero -también preso-, tres agentes de la AFI, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y el ex funcionario de La Cámpora Néstor Fabián “Conu” Rodríguez.La causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez De Giorgi y ahora el fiscal Carlos Stornelli -luego de que el fiscal Gerardo Pollicita se apartara, cuando se sumó al caso un expediente por espionaje ilegal contra Tailhade- incluye varios focos.Por un lado, el hackeo que sufrieron un grupo de jueces que investigaban a Cristina Kirchner -Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dos de los magistrados que integraron el tribunal que la condenó-; y Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos miembros de Casación que apuntaron varias de las causas en contra de Cristina Kirchner.Pero, además, la denuncia que impulsó el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti -sobre la creación de líneas telefónicas a su nombre- destapó que no era la única víctima: a sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también le habían hecho la misma maniobra, junto a la jueza federal de Posadas, María Victoria Skanata, o el ex gobernador de la provincia (Oscar Herrera Ahuad), y su sucesor, Hugo Passalacqua.Los jueces miembros de la Corte Suprema (Maximiliano Luna) (Maximiliano Luna/)La investigación llevó a Ezequiel Núñez Pinheiro, el hacker misionero que confesó haber participado en las maniobras de hackeo de los jueces, el diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, aunque aseguró que él no sabía quiénes eran las víctimas y que el encargado se lo hizo un misterioso sujeto vía Telegram que luego desapareció.Por otra vía, los investigadores también llegaron a Zanchetta, un ex policía de Junín que había buscado en la base SudamericaData a Borinsky el mismo día en que le hackearon el teléfono. Cuando averiguaron un poco más, Zanchetta, diciendose periodista, había rastrillado datos de más de mil personas en solo 2022, entre las cuales había más jueces, fiscales y funcionarios judiciales.A fines de junio, el juez ordenó detenciones y el secuestro de sus dispositivos. Investigando los equipos de Zanchetta, se encontraron con que guardaba carpetas e información de más funcionarios judiciales, políticos, periodistas y empresarios. Y se le encontraron diálogos con Tailhade y con “Conu” Rodríguez, el entonces directivo de la AFIP que le encargaba un parte sobre la entonces ministra de su gobierno, Victoria Tolosa Paz y la publicación de una nota sobre un supuesto enriquecimiento.Todo eso quedó al descubierto y Pollicita ordenó allanar a “Conu” Rodríguez en las oficinas de la AFIP para secuestrarle el teléfono. No lo encontraron. Para el fiscal, se escondió porque nunca salió del edificio.Sorteando una amenaza de detención, “Conu” se presentó en tribunales y entregó su teléfono que todavía no terminó de analizarse, al igual que dispositivos de Núñez Pinheiro y de Zanchetta.De traje azul, “Conu” Rodríguez saliendo de tribunales junto a sus abogados tras dejar su teléfono (Adrián Escándar)En ese contexto la Cámara Federal decidió rechazar, en sintonía con el juez, el pedido de libertad para Zanchetta. En una fallo al que accedió Infobae, el juez Roberto Boico, al analizar el planteo sostuvo que Zanchetta es hoy el eje de la investigación, integrada por una serie de causas conexas, en donde el fiscal Pollicita había solicitado llamarlo a indagatoria por violación de la ley de inteligencia, junto a otros tres agentes o ex agentes de la AFI .“Si bien es cierto que la diligencia solicitada, junto a otras, fue tenida presente por el juez a instancias de la actividad probatoria en curso en el marco de la presente causa, es un hecho incontrovertible que ese quehacer tiene foco principalmente en el concreto accionar que se reprocha a Zanchetta. Ello, además, sin soslayar cuanto se encuentra investigando en el marco de las restantes causas conexas”, dijo Boico.Y añadió: “el panorama, que va complejizándose a su respecto a medida del avance de las tareas, actualiza y mantiene los riesgos procesales oportunamente valorados como suficientemente indiciarios de la existencia de posibilidades ciertas de entorpecimiento que no pueden neutralizarse con medidas restrictivas de menor intensidad”.Boico tuvo que convocar a otros colegas durante la feria de enero para votar. Pero solo estaban los jueces Pablo Bertuzzi y Leopodo Bruglia de la Sala I en este período. Los dos se excusaron: a ellos también Zanchetta los había investigado. El tribunal inmediato para intervenir es la Cámara en lo Penal Económico, pero allí solo estaba en esta quincena Roberto Hornos. Como su hermano fue uno de los hackeados, también se excusó.Por la ley de subrogancias, salieron a buscar a jueces de tribunales orales. Por sorteo, la tarea recayó en la jueza federal Sabrina Namer y el juez en lo penal económico Luis Losada.En un voto conjunto los jueces Losada y Namer sostuvieron que “a la fecha subsiste el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación en cabeza del imputado suficiente para convalidar la denegación de la excarcelación que se solicita”. Según sostuvieron, “el derecho del nombrado a la libertad personal durante el proceso no es absoluto y se halla sujeto a que se den ciertas condiciones en su relación”.En su única intervención en la causa, los jueces de tribunal oral afirmaron que “el riesgo objetivo de entorpecimiento en la investigación subsiste al día de hoy y no se aprecia una medida de coerción personal menos lesiva de derechos que la prisión preventiva dispuesta respecto de Zanchetta”.

Fuente

The post Espionaje a jueces: Zanchetta seguirá preso a la espera de más peritajes appeared first on Big Latino News.

Atentado a CFK: la Cámara Federal ordenó secuestrar más teléfonos de Gerardo Milman, previo aval del Congreso

adminabig — Wed, 01 Nov 2023 20:15:55 +0000

Cristina Kirchner La Cámara Federal porteña hizo lugar al pedido de la fiscalía y de la querella de Cristina Kirchner y ordenó secuestrar los otros teléfonos que estaban en poder del diputado del PRO Gerardo Milman en el marco de la investigación que analiza el atentado a la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre del 2022. Para concretarlo, deberá volver a autorizarlo la Cámara de Diputados. El mismo tribunal ya había dispuesto el secuestro de un celular del dirigente, pero el equipo entregado no fue el que usaba al momento del ataque.Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que habían firmado por mayoría aquella decisión, dispusieron hacer lugar a las medidas solicitadas por los acusadores. “Resulta necesario destacar que no se desconoce que los cambios de celulares infieren en la mayoría de los casos una transferencia de datos del teléfono anterior, pero no puede descartarse la posible existencia de parámetros técnicos que permitan obtener información borrada o modificada en el aparato original”, escribió Bruglia, tras señalar que “no se trata de una nueva medida sino de una ampliación de aquella y, ésta encuentra fundamento de procedencia”.En la misma sintonía, en el fallo al que accedió Infobae, Bertuzzi subrayó: “Cabe poner de resalto la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación; en virtud de lo cual entiendo que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”.El juez Mariano Llorens, que en la oportunidad anterior había votado en contra del análisis del teléfono, ratificó su criterio pero con un claro llamado de atención: “sellada como ha quedado la cuestión y al no haberse incorporado al legajo nuevas pruebas que me permitan virar el sentido de lo que ya he dicho el pasado 17 de agosto, me remito a lo allí sostenido en cuanto a que no corresponde hacer lugar al secuestro del celular del Diputado Nacional Gerardo Milman. Sin perjuicio de ello, considero oportuno reparar en la actitud adoptada por el nombrado frente a lo resuelto: presentarse en la sede del juzgado para cumplir con una manda judicial y aportar un celular adquirido, cuanto menos, dos meses después de la fecha del hecho aquí investigado”.Gerardo MilmanTodo se enmarca en la investigación que analiza el atentado a Cristina Kirchner. La causa principal por el ataque a la ex presidenta, que tiene tres detenidos, ya fue elevada a juicio oral. Se trata de Fernando Sabag Montiel, quien apuntó a la cara de CFK; su entonces novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos. Los dos primeros están acusados de ser coautores de un intento de homicidio agravado; el tercero de ser partícipe secundario.En instrucción quedó una parte en donde se analiza si hubo un autor intelectual. La llamada “pista Milman” surge de la declaración de Jorge Abello, un asesor legislativo del diputado del Frente Todos Marcos Cleri, quien se presentó en tribunales el viernes 23 de septiembre de 2022. El ataque había ocurrido la noche del 1° de septiembre. Abello aseguró que el 30 de agosto asistió a una reunión en el anexo de Diputados y posteriormente almorzó con su cuñado, ajeno a la política, en el restaurante Casablanca, ubicado cerca del Congreso. Allí mencionó haber visto a Gerardo Milman acompañado de “dos jóvenes muy elegantes”. Se trataba de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Según afirmó, Milman dijo: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.Milman denunció a Abello por falso testimonio, un expediente que investiga otro juzgado. La querella de CFK se enemistó con la jueza María Eugenia Capuchetti cuando se le tomaba declaración a las dos secretarias de Milman y se pidió secuestrarle los teléfonos. La jueza lo rechazó por su calidad de testigos y el caso llegó a la Cámara Federal que también con la dupla Bertuzzi-Bruglia y la disidencia de Llorens ordenó llevar adelante todas las medidas necesarias sobre esa pista que incluían volver a escuchar a Abello (algo que no se concretó), citar a Cleri y a otro diputado del Fdt que estuvo ese día en Casablanca y avanzar en el análisis de los celulares de esas colaboradoras, en función de la gravedad institucional de la causa.Jorge AbelloCon esa decisión, las mujeres se presentaron voluntariamente en la fiscalía para entregar sus teléfonos. Gómez Mónaco aclaró que había cambiado el equipo. La otra que se había asesorado para borrar su contenido porque tenía fotos íntimas que no quería que se filtraran. El material fue recuperado. No obstante, en mayo pasado, Bohdziewicz se presentó en la fiscalía para decir que se sentía presionada por su ex amiga, que la habían echado y que quería contar que el celular había sido borrado en las oficinas del instituto de Patricia Bullrich, donde estaban Milman y un perito.Esto fue lo que activó el pedido de la fiscalía para secuestrar el teléfono del legislador del PRO. Tras una Milman entregó su equipo celular después de un fallo de la Cámara Federal porteña, pero mostró su oposición a la medida. Aunque dejó el equipo, no aportó la clave, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Un informe emitido por el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional informó en los últimos días que no se había podido acceder al contenido del iPhone 14 Pro Max, entregado por el diputado, aunque se estudiaban los próximos pasos a seguir para poder avanzar con el análisis del equipo.No obstante, el episodio volvió a tener otro coletazo apenas el celular fue entregado. Rívolo advirtió que el celular entregado no era el que estaba activo al momento del atentado. Era un Iphone 14 que había salido al mercado en Estados Unidos después del 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel le apuntó a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Pidió entonces secuestrar el aparato que usaba a ese momento. La querella fue por más: pidió también acceder al teléfono que tenía desde fines del 2021 y el actual, que puso en funcionamiento luego de entregar su celular en el juzgado de Capuchetti.Inicialmente, el juez Julián Ercolini, que firmó momentáneamente por Capuchetti cuando estuvo de licencia, consideró que no correspondía hacer lugar a la medida solicitada en virtud de que al momento de resolver no se encontraba firme la resolución que había autorizado el secuestro de los teléfonos del nombrado, por mayoría (es decir, que Casación no había ratificado la medida, algo que después hizo). Y también valoró que la autorización oportunamente brindada por la Cámara de Diputados no alcanzaba a las tareas investigativas y al registro domiciliario, al tratarse de medidas de mayor injerencia.Tanto la fiscalía como la querella apelaron. Y hoy una vez más la Cámara Federal habilitó la medida. “Encuentra debido sustento en los informes de telefonía citados por las acusaciones, que darían cuenta de la existencia de otra línea telefónica y de otros dispositivos que podría haber utilizado Gerardo Milman durante el lapso temporal de interés para la presente pesquisa”, se añadió.

Fuente

The post Atentado a CFK: la Cámara Federal ordenó secuestrar más teléfonos de Gerardo Milman, previo aval del Congreso appeared first on Big Latino News.

Cuadernos: Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema la nulidad de la causa por el peritaje que detectó adulteraciones en los anotadores

adminabig — Tue, 08 Aug 2023 14:15:29 +0000

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner (Franco Fafasuli) (Franco Fafasuli/)Esta vez la presentación fue ante la Corte Suprema de Justicia. La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció ante el máximo tribunal la existencia de una serie de peritajes que detectaron irregularidades en los anotadores del remisero Oscar Centeno, eje -junto a las declaraciones de los arrepentidos- de la causa denominada “Cuadernos”, en donde la ex jefa de Estado está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas.Lo que le pidió la vicepresidente a la Corte Suprema es que adjunte estas copias precisamente en los planteos de nulidad que se encuentran ante el tribunal y, sobre esa base, se eche por tierra con el expediente, que la líder de Unión por la Patria entiende que es parte de un “lawfare”.En el escrito al que accedió Infobae, los abogados Carlos Beraldi y Ary Ruben Llenovoy “informan hecho nuevo” y “solicitan medida para mejor proveer” en el marco del incidente de recurso extraordinario, un recurso de queja, contra la causa de los cuadernos.Te puede interesar Causa Cuadernos: un peritaje caligráfico confirmó que el amigo de Oscar Centeno manipuló los anotadoresA fines del 2020, con la firma de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa, la Cámara Federal de Casación validó las declaraciones de los arrepentidos, el corazón de esa causa que instruyó el juez Claudio Bonadio junto al fiscal Carlos Stornelli. Las defensas apelaron esa decisión a la Corte Suprema. Es solo uno de los cuestionamientos que la defensa de CFK planteó contra esa investigación que está elevado a juicio oral.Pero no todos los implicados en la causa habian sido elevados a juicio y todavia faltaba resolverse la situación de algunos empresarios. Fue el caso de Armando Loson, la cara del grupo Albanessi, que también había sido detenido inicialmente y habia declarado como imputado colaborador. Loson había encargado un peritaje privado sobre las copias de los cuadernos y detectó irregularidades en momentos en que Centeno lo mencionaba.Se abrió una causa por impulso del fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado de Martínez de Giorgi. Un peritaje caligráfico oficial confirmó que hubo otras manos que escribieron los cuadernos además de las de Centeno. Y el juez dispuso analizar los registros caligráficos oficiales de Hilda Horowitz, la ex mujer de Centeno, y de Jorge Bacigalupo, el amigo del chofer y quien tuvo los cuadernos que llegaron al poder del periodista de La Nación Diego Cabot, la persona que en marzo de 2018 se los entregó al fiscal Carlos Stornelli.Oscar CentenoDel análisis ordenado por Martínez De Giorgi, surgieron sospechas sobre Bacigalupo. “No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación”, sostuvo el informe. El juez allanó la casa de Bacigalupo, secuestró teléfonos, computadoras y manuscritos y ordenó un cuerpo de escritura.Justo en el día del quinto aniversario de la difusión de la causa de los “Cuadernos”, que sacudió a la política, la justicia y el mundo empresario, un peritaje caligráfico de la Policía Federal determinó que las irregularidades detectadas en los anotadores del Oscar Centeno habían sido hechas por Jorge Bacigalupo, el ex policía y amigo del remisero que había quedado al cuidado de los manuscritos antes de que llegaran a manos de la Justicia.Vale aclarar que el análisis de este material se hizo sobre copias digitales de los manuscritos y solo sobre las enmiendas que denunció Loson, no sobre la totalidad de los cuadernos. El Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos las piezas que aparecieron en 2019, se negó a entregar los originales para este análisis.Te puede interesar: El limbo judicial que abren los 75 años de la jueza Ana María Figueroa, mientras el oficialismo busca ratificarla en su cargoLa fiscal de juicio Fabiana León, además, fue crítica ante el TOF por la existencia de esta causa en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, que tiene como denunciante a uno de los empresarios procesados en la causa principal. Entendió que existía un ataque político contra la causa que buscaba debilitar las pruebas.Lo cierto es que con el peritaje que tiene en sus manos Martínez De Giorgi, lo primero que hizo la defensa de CFK fue pedirle al TOF que incorporara la copia a causa principal. Y ahora se presentó ante la Corte Suprema de Justicia. “En los últimos días, distintos medios periodísticos dieron a conocer que en el marco del expediente N° 1031/2022, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, se llevaron a cabo dos estudios periciales (uno realizado por expertos de la Policía Federal Argentina y el otro por especialistas de la Universidad de Buenos Aires) referidos a los presuntos ‘cuadernos’ (fotocopias) que fueron utilizados para dar inicio a estas actuaciones”, dice el escrito de la defensa a que accedió Infobae.Te puede interesar: Espionaje a jueces: se reactiva la pista “Dark PFA”, el dato que complicó al hacker misionero y el interés de Cristina Kirchner en la causaY se añadió: “Concretamente, la experticia practicada por la División Scopometría de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina determinó que Jorge Bacigalupo efectuó correcciones y sobre-inscripciones en los referidos ‘cuadernos’, modificando nombres y fechas allí consignados”. Además, el escrito agregó que “por su parte, el estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires estableció que en la confección de los ‘cuadernos’ peritados intervinieron distintas personas y que el lenguaje utilizado en muchos de sus pasajes no se corresponde con el propio de Centeno, lo cual evidencia que tales tramos fueron dictados por terceros”.También se consignó que “a todo ello se le suma una experticia privada realizada a requerimiento del empresario Armando Loson, también incorporada al mismo proceso judicial, la cual con carácter previo había determinado la existencia de aproximadamente 1600 alteraciones de texto en las inscripciones de los “cuadernos”. Por su parte, la defensa también aportó como prueba una nota del diario Página/12.Te puede interesar: Casación le rebajó la pena a uno de los militantes que atacaron a la policía en el debate por la reforma previsional de 2017“Así las cosas, más allá de las medidas que corresponda adoptar respecto a los responsables de estos gravísimos episodios y no obstante las diligencias convergentes que ya han sido requeridas por nuestra parte ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, corresponde y respetuosamente solicitamos que como medida para mejor proveer, este Alto Tribunal oficie al Juzgado N° 8 del fuero, a efectos de que remita copia de los estudios periciales antes referenciados”, se añadió.La defensa subrayó que estas piezas son necesarias de analizar “en el marco de la incidencia en que nos dirigimos, en la cual justamente se debate la validez de los actos que dieron origen a este proceso”. Y agregó: “A todo evento, cabe recordar que según inveterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recursos deben ser resueltos a partir de las circunstancias corroboradas al momento de fallar (CSJN, Fallos 329:1245, entre muchos otros), lo cual ratifica la procedencia y la pertinencia de la presente solicitud”.Seguir leyendoLa Cámara Federal advirtió la gravedad institucional del espionaje a jueces y pidió determinar los motivosA cinco años de la Causa Cuadernos: Centeno se siente “preso” mientras espera junto a CFK y el resto de los acusados el comienzo del juicioCasación comenzará a analizar el sobreseimiento de Macri en la causa por espionaje a familiares del ARA San Juan

Fuente

The post Cuadernos: Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema la nulidad de la causa por el peritaje que detectó adulteraciones en los anotadores appeared first on Big Latino News.