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Seguridad, economía y polarización, los principales retos de las elecciones municipales en Brasil

adminabig — Sat, 06 Jul 2024 11:23:17 +0000

Una máquina de votación electrónica en Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo) (ADRIANO MACHADO/)En Brasil ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones municipales, cuya primera vuelta está prevista para el próximo 6 de octubre. Oficialmente, la campaña electoral empieza el 16 de agosto y hay tiempo hasta la víspera para inscribir a los candidatos. Mientras tanto, en grandes ciudades como San Pablo, los partidos se preparan para la contienda. En la capital financiera del país, los dos principales precandidatos son el actual alcalde de centroderecha, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Aunque se encuentran en bandos políticos diametralmente opuestos, ambos han decidido aprovechar uno de los temas más sensibles para esta votación, el de la seguridad.Una encuesta de Datafolha de marzo reveló que para el 23% de los entrevistados el mayor problema de San Pablo es la seguridad pública, seguida de la asistencia sanitaria. Los propios precandidatos han reforzado su seguridad personal debido a las amenazas que han recibido. Mientras Nunes goza de la protección habitual de un alcalde, Boulos se desplaza desde principios de año en un coche blindado y siempre rodeado de guardaespaldas. Ambos han optado también por hacerse acompañar en los actos preelectorales por dos comandantes de uno de los cuerpos de asalto de la policía militar de San Pablo, la Rota. El primero fue Nunes, que anunció como su vice al coronel Ricardo Mello Araújo, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Muchos, por esta razón, ya han hablado de una “bolsonarización” de la candidatura de Nunes. Pocos días después, Boulos también incluyó a otro coronel de la Rota, Alexandre Gasparian, en el grupo que prepara su plan de gobierno en materia de seguridad.En Rio de Janeiro, el actual alcalde Eduardo Paes, del Partido Socialdemócrata (PSD), vuelve a presentarse. Apoyado por Lula, encabeza las intenciones de voto. Será desafiado por los dos principales precandidatos, Tarcisio Motta, del PSOL, y Alexandre Ramagem, del PL de Bolsonaro. Todos juntos tendrán que enfrentarse a un escenario complejo en Rio, donde milicias paramilitares y grupos criminales como el Comando Vermelho (CV) y el Terceiro Comando Puro (TCP) se disputan el territorio con saña desde hace tiempo. Con la idea de garantizar un voto lo más seguro posible, el Tribunal Regional Electoral de Rio de Janeiro trasladó la ubicación de 93 colegios electorales en zonas consideradas de riesgo en el estado. Asimismo, en los puntos considerados más críticos, además de una presencia policial reforzada, las urnas electrónicas serán transportadas en coches blindados.Otro asunto que ha recalentado la precampaña ha sido la economía. En los últimos días, la repentina subida del dólar frente al real, que llegó a cambiarse a 5,59 frente a la divisa estadounidense, el mayor nivel de los últimos dos años y medio, provocó muchas críticas a Lula. Sus acusaciones contra el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, y la autonomía de la institución, unidas a un escenario fiscal preocupante, figuran entre los principales motivos de la escalada. En particular, la guerra de Lula para rebajar la tasa Selic del Banco Central, ahora en el 10,5%, para muchos expertos como Malu Gaspar de O Globo es “muy útil en el momento en que Lula está rodando Brasil para mejorar su popularidad y ayudar a socavar la fuerza de la derecha en las elecciones municipales”. De hecho, según sondeos internos, más del 60% de la población está de acuerdo con los ataques del presidente al Banco Central.En Rio de Janeiro, el actual alcalde Eduardo Paes, del Partido Socialdemócrata (PSD), vuelve a presentarse. Apoyado por Lula, encabeza las intenciones de voto (REUTERS/Ueslei Marcelino) (Ueslei Marcelino/)“Lo que pasa es que Lula está anticipando el debate político de 2026 para este año porque es el año en que se forman las bases de apoyo electoral. Él está tratando de ‘jugar para el electorado’, transfiriendo al mercado todo el problema económico que él mismo está generando”, afirmó al diario Gazeta do Povo Alex Agostini, economista jefe de la agencia clasificadora de riesgos Austin Rating. En concreto, es la inflación, especialmente en los alimentos, el gran fantasma que planea sobre estos meses previos a la votación de octubre. Si atacar al Banco Central ganó el consenso de Lula, el efecto colateral fue exactamente el contrario. La desconfianza de los mercados y el consiguiente fortalecimiento del dólar están comprando una crisis inflacionista que probablemente se manifestará incluso antes de la votación.Tal vez ésta sea una de las razones por las que, en una carrera contrarreloj, el presidente se ha apresurado a repartir las llamadas enmiendas, es decir, fondos gubernamentales transferidos sin necesidad de un proyecto por parte de los municipios o estados que los reciben. La Ley Electoral 9504 prohíbe las “transferencias voluntarias” del gobierno federal a los estados y municipios en los tres meses anteriores a las elecciones. Así, Lula ha donado en las últimas horas 4.250 millones de reales, 778,4 millones de dólares, de una sola vez. Estas dádivas, que ya habían sido criticadas en el gobierno Bolsonaro, han aumentado incluso en su gobierno a pesar de que Lula había asegurado en la campaña electoral de 2022 que con él se acabaría este ‘presupuesto secreto’, como lo apodó el diario O Estado de São Paulo. En total, hasta ahora se han desembolsado 22.000 millones de reales, 4.029 millones de dólares, superando los cerca de 17.000 millones de reales (3.113 millones de dólares) repartidos antes de las presidenciales de 2022 en el gobierno de Bolsonaro. La principal crítica que se ha hecho a esta forma de financiación de estados y municipios es la falta de transparencia en los criterios, lo que la convierte en un mero instrumento de cooptación política para obtener consenso. Además, la mayoría de las veces no hay controles posteriores sobre cómo se ha gastado el dinero. También se ha acusado a Lula de utilizar sus viajes oficiales a lo largo de Brasil de los últimos meses para reforzar a sus aliados en ciudades estratégicas para las elecciones municipales de octubre. Su Partido de los Trabajadores, el PT, quiere recuperarse de la gran derrota de hace cuatro años. De las 638 ciudades que el partido gobernaba en 2012, solo eligió 183 alcaldes en 2020 y, sobre todo, no consiguió el control de ninguna capital de los 26 estados brasileños. Bolsonaro en cambio ganó 349 alcaldías.Tras las presidenciales de 2022, marcadas por una polarización extrema, la tendencia también para las municipales es nacionalizar las candidaturas, divididas entre los partidos de base de Lula y los aliados del ex presidente Jair Bolsonaro. El resultado de octubre también será un termómetro importante para la votación presidencial de 2026. Actualmente, los precandidatos apoyados por Bolsonaro lideran las intenciones de voto en cuatro capitales, Aracaju en el estado de Sergipe, Belém en Pará, Curitiba en Paraná y Salvador en Bahía. Los precandidatos apoyados por Lula son primeros en intención de voto en tres capitales, Rio de Janeiro en el estado homónimo, Recife en Pernambuco y Porto Alegre en Río Grande do Sul.El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (AP Foto/Andre Penner) (Andre Penner/)Sin embargo, Bolsonaro sigue siendo una incógnita. Aunque ya está fuera de la carrera política – no es elegible hasta 2030 – el ex presidente sigue siendo visto como el as en la manga de su Partido Liberal (PL). Habrá que ver, sin embargo, qué impacto tendrá la acusación formalizada el jueves por la Policía Federal de malversación de joyas recibidas del Gobierno de Arabia Saudí. Fuentes próximas al Fiscal General de la República, Paulo Gonet – que deberá decidir si convierte la acusación en denuncia y al ex presidente en reo – han revelado al diario O Globo que lo más probable es que la decisión se posponga hasta después de una posible segunda vuelta, el 27 de octubre. El motivo es precisamente evitar una acusación contra la Fiscalía General de actuar políticamente en época electoral. Mientras tanto, un sobrino de Bolsonaro, Léo Índio, también anunció su candidatura a concejal municipal en Cascavel, en el estado de Paraná. Investigado en el Supremo Tribunal Federal (STF) por participar en la invasión de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023, su nombre también apareció en dos etapas de la operación de la Policía Federal sobre la intentona golpista, la Operación Lesa Patria.Las elecciones seguirán siendo casi exclusivamente masculinas. Sólo 32 mujeres son precandidatas y se concentran en seis capitales del país y en las coaliciones del PSOL-Rede y del Partido de los Trabajadores-Partido Comunista de Brasil, de Unión Brasil y del partido Novo. Destaca la capital de Sergipe, Aracaju, donde no menos de cinco mujeres compiten por la alcaldía. Sin embargo, este año el Tribunal Superior Electoral había actualizado sus normas precisamente para evitar el fraude en las cuotas de género. Los partidos están obligados por ley a tener al menos un 30% de candidatas, que tienen derecho al mismo porcentaje del fondo electoral de los partidos para pagar los gastos de campaña. Actualmente, según datos del Instituto Alziras, los hombres están al frente del 88% de los municipios brasileños, mientras que las mujeres, que representan el 51% de la población, controlan sólo el 12% de los ayuntamientos, y las mujeres negras apenas el 4%. Mientras tanto, el PT está presionando para que la esposa de Lula, Rosangela da Silva, conocida como Janja, participe cada vez más en la campaña electoral para reforzar las candidaturas femeninas.

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Cómo es la reforma del sistema de pensiones chilena que busca destrabar el gobierno de Boric

adminabig — Sat, 29 Jun 2024 11:28:33 +0000

El Gobierno anunció que la próxima semana pondrá en discusión inmediata el proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado. (Elvis González/)(Desde Santiago, Chile) El Gobierno de Gabriel Boric está empeñado en aprobar su Reforma de Pensiones, una promesa de campaña que ha sido fuertemente combatida por la oposición, la que ha sido acusada de negarle “la sal y el agua” al mandatario. En una medida de presión, hace unos días la ministra vocera, Camila Vallejo, anunció que la próxima semana el Gobierno pondrá en discusión inmediata el proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Senado, a fin de agilizar su empantanado trámite legislativo.“Consideramos que ya es momento de votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, para que rápidamente sea votada la idea de legislar en la sala del Senado, y empiece entonces el trámite en particular de vuelta en la Comisión de Trabajo del Senado”, informó en su tradicional punto de prensa.La ministra Vallejo recalcó que “el presidente ha pedido expresamente que esto ya empiece a entrar en su recta final. Cada vez que el presidente sale a alguna comuna o localidad, se encuentra con un adulto mayor que le pregunta qué pasa con las pensiones, cuándo van a poder aumentarlas. Por lo tanto, independiente de las diferencias que tiene la oposición con esta reforma de pensiones, necesitamos empezar a concretar”.Historia de una leySiguiendo los consejos del economista José Piñera, -hermano mayor del ex mandatario Sebastián Piñera-, Augusto Pinochet instauró en 1981 el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), privatizando las jubilaciones y obligando a millones de adultos mayores a abandonar las cajas previsionales y afiliarse a estas empresas. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, se mantuvieron al margen de este nuevo sistema y el Estado siguió siendo el garante de sus pensiones, que hasta el día de hoy son mucho más altas que las del resto de los jubilados chilenos.Dicha ley establecía que cada trabajador debe destinar un 10% mensual de su sueldo a una cuenta personal, de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las AFP, las que hacen crecer esos ahorros de los afiliados invirtiéndolos en acciones y bonos de empresas en Chile y el extranjero, así como en títulos de la Tesorería General y el Banco Central.Sin embargo, el modelo ha sido transversalmente criticado por las escasas pensiones que otorga: sin ir más lejos, la pensión promedio a junio de 2023 fue de $283.455 para los hombres (USD 300) y $111.237 (USD 117) para las mujeres, según la Superintendencia de Pensiones.A modo de comparación, según un estudio de la Fundación Sol, el promedio de las pensiones pagadas por Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) a las Fuerzas Armadas es de $1.079.356 (USD 1,140). En el caso de Dipreca (Dirección de Previsión Carabineros de Chile), que paga las pensiones de Carabineros y Gendarmería, el promedio de las pensiones es de $1.180.293 (USD 1,240).Así las cosas, durante casi 30 años, el sistema de pensiones chileno se mantuvo incólume. Pero ese sistema cambiaría en 2008, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, con una reforma previsional que incorporó la creación del Pilar Solidario, instrumento que benefició a los adultos mayores que no tenían pensión -a través de la Pensión Básica Solidaria– y a quienes no contaban con ahorro suficiente para una jubilación digna, por medio del Aporte Previsional Solidario.En 2022, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y debido a los estragos causados por el estallido social y la pandemia, dicho pilar se fortaleció con la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que finalmente permitió ampliar la cobertura desde el 60% de los adultos mayores más vulnerables a una focalización del 90%.La PGU hoy asciende a $206.000 (USD 217) y se suma a la pensión autofinanciada que entregan las AFP. Este beneficio del Estado llega a cerca de 2 millones de personas en total, y si bien hoy el monto está por debajo de la línea de la pobreza, el Gobierno –justamente a través del proyecto de ley de reforma de pensiones que está en el Congreso- busca elevarla a $ 250.000 (USD 264) y universalizar su cobertura.Un manifestante sujeta una pancarta de “No+AFP” en contra del sistema privado de pensiones durante una protesta en Santiago, en noviembre de 2019 (REUTERS/Pilar Olivares) (PILAR OLIVARES/)La reforma de BoricUna vez llegado al poder, Boric envió en noviembre de 2022 una propuesta de Reforma Previsional que estuvo 14 meses entrampada en la Cámara de Diputados y fue resistida fuertemente por la derecha, pero que finalmente el Gobierno consiguió sacar a flote.La reforma propone la creación de un sistema mixto de pensiones y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos que ahora están en manos de las AFP, eliminándolas del mapa. Además, Boric buscaba subir la cotización del 10% actual al 16%, con cargo al empleador.Ese 6% adicional fue el punto más polémico: en el proyecto inicial, el Ejecutivo quería destinar ese porcentaje a un seguro social, pero ante las críticas propuso una fórmula mixta que pareció generar más apoyo, al repartir un 3% al seguro social y otro 3% a la capitalización individual.Finalmente, y tras una intensa negociación política, el 24 de enero pasado la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar la reforma de pensiones, pero rechazó el corazón de la reforma, la fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional a cargo del empleador, así como la creación de un inversor público de pensiones y otros artículos.La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lamentó ese día las “paradojas” con las que se despachó la norma a la Comisión de Trabajo del Senado, donde se encuentra ahora y desde la cual el Gobierno quiere que se mueva rápido.“Se crea un seguro social, pero se rechaza la forma de financiarlo; se separa la industria de las AFP y se aprueban los inversores privados, pero se niega la creación de un inversor del Estado”.La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, tiene la difícil tarea de lograr la aprobación de la reforma de pensiones del Gobierno de Boric (EFE) (ELVIS GONZÁLEZ/)El triunfo de JaraSin embargo, el hecho de que el proyecto de reforma pasara al Senado significó un gran logro para la ministra del Trabajo, puesto que en su discusión fueron apareciendo varias modificaciones y hubo que llegar a varios acuerdos y ahí, su capacidad de negociación fue determinante.Ahora, su próximo desafío será reponer los tres puntos para el seguro social en el Senado, los que fueron rechazados en la votación en particular de la Cámara de Diputados.La ministra, militante comunista, ya se ha anotado dos grandes victorias en el gobierno de Boric: primero, el alza del sueldo mínimo a $500 mil (USD 530), y luego, la aprobación de la Ley de las 40 horas laborales, que contempla una disminución gradual de las horas de trabajo, por lo que a partir de abril de 2026 la jornada semanal durará 42 horas y en 2028 bajará a 40.Combativa, se ha peleado con los empresarios – a quienes instó a pagar mejor sueldos -, y por supuesto con las AFP, a quienes acusó de desinformar a los chilenos a traves de “fake news” con el fin de seguir generando “las jugosas utilidades que han tenido todo este tiempo”, según dijo a El País.En abril pasado, miembros de la Asociación de AFP llegaron hasta la Comisión de Trabajo del Senado para defender su gestión y, por supuesto, criticar el proyecto del Gobierno.“No existe evidencia que plantee que para subir pensiones se necesita eliminar a las AFP”, afirmó la presidenta del gremio, Paulina Yazigi.“Las AFP en estos 40 años no son las responsables de la baja pensiones”, recalcó Yazigi, quien también arremetió contra la iniciativa del Gobierno: “Estamos hablando de un fondo de reparto que no sube pensiones, que es un impuesto al trabajo y, además, un Estado que va a tener un rol preponderante, tanto en la administración de cuentas como en la administración de los ahorros de los trabajadores y de todo su esfuerzo”.La presión del GobiernoDe esta manera, y a fin de inyectarle rapidez al trámite, es que el Gobierno pondrá la próxima semana en discusión inmediata el proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Senado.Desde la derecha e incluso algunos políticos oficialistas alzaron la voz y advirtieron que hay un programa de trabajo donde aún quedan temas por dilucidar, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la rentabilidad de los fondos de pensiones y la viabilidad del seguro de longevidad. También está en veremos qué resolverá la comisión técnica, una instancia de expertos que ha estado sesionando en paralelo y que aún no termina su labor.Sin embargo, la ministra Jara advirtió este miércoles que el proyecto estrella del Gobierno se pondrá cuesta arriba de no haber avances antes de las elecciones municipales de octubre próximo.“Si llegan las elecciones municipales no vamos a lograr sacarlo”, dijo, y recordó que eso fue lo que ocurrió el año pasado tras el fallido plebiscito constitucional.“Si bien la oposición señaló que después del plebiscito, sin falta, lo resolvíamos, no fue así. Entonces, hay que aprender de lo que nos ha pasado”, acusó la titular de Trabajo.Así y todo, la autoridad de Gobierno dijo estar optimista por el resultado de la votación la próxima semana ya que “hay unas poquitas cosas en las que no estamos de acuerdo con la oposición”.

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