escucharescucharEl mensaje de voz que le llegó por WhatsApp al auxiliar fiscal Martín Román Apóstolo, que cumplía funciones ante Tribunal Oral Federal de La Rioja, fue directo, no tenía manera de malinterpretarse: allegados al mensajero habían tenido “un problemita con droga” y necesitaba que el funcionario “procediera”. Le aclaró que el dinero no era un inconveniente. “Plata hay”, le aseguró. Como respuesta no recibió una negativa, solo: “Mañana lo vemos”. Los sospechosos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y, durante meses, el representante del Ministerio Público reclamó lo que le habían prometido por su gestión: 600.000 pesos.Apóstolo, de 53 años y al que los narcos investigados en varios expedientes llamaban Padrino o El Jefe, fue procesado con prisión domiciliaria por los delitos de concusión agravada, tráfico de influencias agravado, prevaricato fiscal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En una resolución firmada por el juez federal José Quiroga Uriburu, integrantes del TOF de La Rioja, se trabó un embargo sobre los bienes del funcionario judicial hasta cubrir la suma de 5.000.000 de pesos.“Las funciones relevantes que cumplía Apóstolo, tanto en la fiscalía como el juzgado, lo habilitaba en la actividad diaria a tener la posibilidad de solicitar a funcionarios, magistrado y empleados informarse sobre el estado de causas en trámite. De esa manera configuraba el imputado un acceso idóneo al contacto con las causas usando su rol de funcionario del Ministerio Público Fiscal, para de esta manera desarrollar fraudulentamente su influencia ante las autoridades y agentes judiciales”, afirmó el juez Quiroga Uriburu en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.Según informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal, www.fiscales.gob.ar, el procurador general interino, Eduardo Casal, dispuso la suspensión preventiva de Apóstolo y el inicio un sumario administrativo a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica.El chat entre el funcionario procesado y un sindicado narcoLa investigación que puso en evidencia el accionar delictivo del auxiliar fiscal Apóstolo comenzó el 18 de marzo pasado tras la declaración de un sospechoso de operaciones vinculadas al narcotráfico.Se trata de Pablo Gutiérrez, según el expediente judicial. “[El sospechoso] expresó espontáneamente que, desde aproximadamente un año, estaba recibiendo exigencias de Apóstolo para mantener la prisión domiciliaria que gozaba desde marzo de 2022″, según recordó el Quiroga Uriburu en su resolución.Las declaraciones de Gutiérrez fueron hechas cuando la fiscal federal Virginia Miguel Carmona allanaba su domicilio ante la sospecha de que continuaba con la venta de estupefacientes durante su prisión domiciliaria.“Apóstolo, enojado, me decía que le tenía que pagar 400.000 pesos, que eran $ 200.000, pero como el dólar había se había ido por las nubes le tenía que pagar$ 400.000 porque yo le debía la salida [la prisión domiciliaria] a él y así como él me sacó, me iba a meter [preso]”, afirmó el sospechoso, según se desprende del expediente judicial.Cuando declaró Gutiérrez, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, a pedido de Casal, ya había abierto una Investigación Penal Preparatoria (IPP)Gabriel Di NicolaTemasNarcotráficoConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de NarcotráficoCondenados. Simularon un viaje de amigos y compraron 10.893 pastillas de éxtasis en Brasil para vender en fiestas electrónicasAsí mata un sicario narco. El escalofriante ataque a tiros que dejó dos muertos y un herido en un supermercadoComo la antigua mafia. Los sindicatos, el nuevo blanco de las extorsiones de las bandas narco: identifican al instigador
